Caso hidrocarburos

Carmen Pano reitera que llevó 90.000 euros a Ferraz: "Aldama me dijo que tenía un sobre que, bueno…"

La UCO sitúa a la empresaria en el núcleo económico de la presunta trama de fraude del IVA y pagos en efectivo. El juez ha aplazado al 4 de febrero la declaración de Álvaro Gallego.

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España).

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). Europa Press

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La empresaria Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano, iniciaron a las diez de la mañana de este viernes su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del denominado 'caso Hidrocarburos'. El magistrado investiga una presunta trama de fraude del IVA en la venta de combustible y posibles delitos de tráfico de influencias para la obtención de licencias de operador.

Pano ha reafirmado que llevó un total de 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz en dos entregas de 45.000, siguiendo las indicaciones que le dio el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, el cual declaró ayer.

Aldama negó que las gestiones realizadas fueran para obtener la licencia de operadora de hidrocarburos para la empresa Villafuel, sino que eran para la sociedad de la que era titular la hija de Pano, Have Got Time. Sin embargo, Pano ha contradecido a Aldama y ha declarado que los trámites fueron para Villafuel, remarcando que Have Got Time no se constituyó hasta 2021 y las gestiones para obtener la licencia en hidrocarburos comenzaron en 2020.

Desvincularse y apuntar a Aldama

La intención de la empresaria ha sido en todo momento la de desvincularse de toda esta trama. Al responder acerca de que, según Aldama, la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con la petrolera venezolana PDVSA con documentación vinculada a una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, Pano ha indicado: "Aldama me comentó que tenía un sobre, que bueno...".

Durante su declaración, en la que respondió a todas las partes excepto a las defensas del resto de los acusados, Carmen Pano fue interrogada extensamente sobre las dos entregas de dinero realizadas en la sede del PSOE. Tal y como ya había señalado en anteriores comparecencias en el marco del caso Koldo, tanto ante la Audiencia Nacional como ante el Tribunal Supremo, explicó que efectuó esas entregas porque Víctor de Aldama se lo solicitó como un favor.

Según su relato, el dinero procedía de pagos que Claudio Rivas realizaba a Aldama por intermediaciones vinculadas a Villafuel, gestionadas a través de Koldo García. Pano indicó que, tras negarse en alguna ocasión, terminó siendo ella quien llevó el efectivo debido a que Aldama no disponía de otra persona que pudiera hacerlo en esos momentos. Una de las acusaciones incluso le preguntó si recordaba la marca de la bolsa en la que transportó el dinero, a lo que respondió que no sabía si era de Zara o de El Corte Inglés.

Durante el interrogatorio, la empresaria también se refirió a la reunión celebrada el 28 de diciembre de 2020, en la que participaron Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de la ministra de Industria Reyes Maroto; el exasesor Koldo García; dos técnicos vinculados a Villafuel; Claudio Rivas y ella misma.

En su declaración ante el Supremo el año anterior, Díaz Bidart había calificado ese encuentro como una reunión de carácter protocolario, sin recordar si informó de la misma a la ministra, y afirmó no tener competencias para conceder licencias de operador de hidrocarburos. Este viernes, según fuentes presentes, Pano explicó que en dicha reunión Bidart indicó que toda la documentación relacionada con Villafuel debía remitirse a Koldo para que posteriormente se la hiciera llegar a él. Añadió que recibió esa documentación en febrero de 2021 y que se la envió a Aldama, quien a su vez la entregó a Koldo, aunque aseguró desconocer con qué finalidad concreta.

Situacion de Carmen Pano y su hija

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan a Carmen Pano en el núcleo económico de la presunta trama, al atribuirle el papel de recaudadora de fondos en efectivo procedentes del entramado y su posterior entrega a intermedarios con influencia en el Ministerio de Transportes. Los investigadores sostienen que Pano habría recibido dinero de Claudio Rivas, señalado como uno de los impulsores de la trama junto a Víctor de Aldama, con el objetivo de obtener autorizaciones para la venta de combustibles.

Según la investigación, la empresaria se habría encargado de canalizar diversas cantidades en metálico para tratar de lograr licencias y facilidades administrativas en favor de la operadora Villafuel y otras sociedades del grupo.

Entre los movimientos analizados, el juez investiga varias entregas fraccionadas de efectivo, incluida una de 90.000 euros que la propia Pano afirmó en el Senado y en declaraciones a medios de comunicación que habría llegado a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz.

La hija de la empresaria aparece en los informes como un eslabón relevante entre el negocio de los combustibles y el ámbito político, por su condición de directiva de empresas comercializadoras de hidrocarburos y por haber sido pareja sentimental de Víctor de Aldama durante parte del periodo investigado.

No comparece Álvaro Gallego García

En esta jornada solo han comparecido Pano y su hija, después de que Pedraz acordara este jueves aplazar al próximo 4 de febrero la declaración del empresario Álvaro Gallego García, vinculado, según la investigación, al círculo de contactos de Carmen Pano y Claudio Rivas.

En paralelo, el magistrado ha puesto el foco en la figura de Álvaro Gallego, a quien la Guardia Civil vincula con la retirada en efectivo de 108.500 euros que podría estar relacionada con los circuitos de pagos de la trama. La documentación bancaria analizada lo sitúa en el recorrido de parte del dinero que, según los investigadores, se habría utilizado para presuntamente financiar acciones de represión e influencia sobre altos cargos de los ministerios de Transportes, Transición Ecológica e Industria.

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