El asesinato de las hermanas pakistaníes de Terassa vuelve a poner el foco sobre los matrimonios forzados

A raíz del asesinato de las dos jóvenes hermanas pakistaníes residentes en Terassa vuelve a ponerse el foco sobre los matrimonios forzados. A Aneesa y Arooj Abbas, de 20 y 24 años, las habían casado obligadas con sus primos, ahora querían divorciarse para comenzar una nueva vida con otras parejas y sus propios familiares las han matado. En nuestro país, se han registrado 27 matrimonios concertados desde 2015, según datos del Ministerio del Interior.

La comunidad con más casos conocidos es Cataluña con 14, seguida de País Vasco con 5 y Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana tienen con una boda concertada cada una respectivamente. Además, hay que añadir otras dos en el extranjero. Entre 2015 y 2021, el peor año ha sido 2020 con 8 detectados y 5 el año pasado. Son datos recopilados a partir de los de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque no existe un registro oficial único.

Generalmente las familias son originarias de Senegal, Nigeria, Pakistán, Marruecos y en la comunidad gitana proveniente de Rumanía.

La situación se complica porque en la mayoría de los casos las víctimas son menores de edad. En Cataluña, solo el año pasado de las 10 chicas atendidas por los Mossos d'Esquadra 6 eran menores, según el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. Entre 2010 y 2019, atendieron a 85 niñas y 68 mujeres por matrimonios forzados o por estar en riesgo de sufrirlos. Y normalmente las víctimas no denuncian por lo que es muy importante estar alerta para la detección por parte de los servicios sociales y en los centros educativos.

¿Puede suponer pena de cárcel?

Las penas de prisión para aquellos que obliguen a una persona a casarse van de seis meses a tres años y seis meses de cárcel o bien multas de 12 a 24 meses dependiendo de si es "con intimidación grave o violencia". Y si las víctimas son menores de edad las condenas que recoge el Código Penal se agravan aún más.

Esta práctica se considera una forma de violencia machista. La nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la conocida como ley del "solo sí es sí", que llega previsiblemente mañana al pleno del Congreso contempla "el establecimiento de protocolos de actuación que permitan la detección y atención de casos de mutilación genital femenina y de matrimonio forzado".

La Generalitat de Cataluña ya presentó en 2020 un protocolo de prevención para la prevención y el abordaje del matrimonio forzado. Su objetivo es establecer un marco de cooperación y un circuito de intervención entre los diferentes profesionales para prevenir, detectar e intervenir ante estas situaciones garantizar que ninguna mujer que vive en esta comunidad sea víctima.

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