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TENDRÁ CARÁCTER ESTATAL

Aprobado el anteproyecto de Ley integral de igualdad

Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves y será sancionadas con multas de hasta medio millón de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera lectura, el anteproyecto de ley integral de igualdad de trato que pretende identificar las formas de discriminación, mejorar la cobertura legal a quien la sufre y sensibilizar a la ciudadanía para que sea más tolerante.  

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que subrayó que con esta norma el Ejecutivo quiere "construir una sociedad que no humille a nadie" y que "no permita que nadie sea humillado".

"Una sociedad donde sentirse seguro y, sobre todo, sentirse amparado por la ley", destacó la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Asimismo, indicó que el anteproyecto incorpora por primera vez todas las definiciones en materia de discriminación que existen en la UE: por asociación, por error, por discriminación múltiple, por acoso discriminatorio, inducción o instrucción y por represalias. 

Pajín señaló que España con esta ley, que estaba incluida en el programa electoral del PSOE en las pasadas elecciones, se suma a otros países de la UE que ya tienen una legislación específica en esta materia y aclaró que no conlleva una reforma del Código Penal. 

Explicó que la norma permitirá "el disfrute en igualdad de oportunidades de los derechos que reconoce la Constitución". "Se trata de garantizar derechos, no de crearlos", insistió Pajín. 

El anteproyecto contempla, según explica el Ministerio en un comunicado, un órgano en el que se concentrarán los observatorios existentes hasta ahora encargados de velar por la igualdad de trato y no discriminación y que tendrá carácter estatal. 

Para conseguir los objetivos, la norma recoge como principales instrumentos, entre otros, la adopción de una estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación, el mandato a los poderes públicos para la adopción de medidas de acción positiva, así como el reconocimiento de las empresas a realizar acciones de responsabilidad social en este sentido y hacer publicidad de ellas. 

En cuanto a las infracciones, éstas se califican como leves, graves o muy graves y que serán sancionadas con multas de hasta medio millón de euros. Pajín recordó que el anteproyecto aprobado  empieza ahora su recorrido y a partir de ahora serán los órganos consultivos y de opinión los que deben prestar las aportaciones al texto.

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