La acción ha sido promovida por la plataforma 'Prostitutas Indignadas', que aglutina a mujeres que ejercen la prostitución, colectivos, entidades y vecinos para reflejar su oposición a la modificación de la ordenanza de civismo, que entrará en vigor en verano para endurecer las multas a meretrices y clientes y prohibir el sexo callejero.
El recorrido ha comenzado en la calle Sant Ramon, conocido punto del barrio del Raval donde se pueden contratar servicios sexuales, y se ha alargado hasta pasadas las 20.00 horas, cuando, tras recorrer las calles Sant Pau y Ferran, ha finalizado en la plaza Sant Jaume, ante el Ayuntaiento, donde las prostitutas han leído un manifiesto, han cantado una canción y han pedido sin éxito que saliera el alcalde, Xavier Trias.
La mayor parte del más de un centenar de meretrices que han participado en la marcha han usado máscaras de colores para ocultar su identidad, y silbatos y sus propias voces para hacerse oír mientras desfilaban, lo que ha atraído la curiosidad de peatones, comerciantes y turistas de las calles por las que desfilaban, en especial en el paso por La Rambla.
'No más multas injustificadas' y 'Basta de acoso policial' han sido algunos de los lemas plasmados en las pancartas esgrimidas por los manifestantes, quienes también han coreado cánticos en contra del alcalde 'Putas sí, Trias no', y de la ordenanza de civismo 'No a la ordenanza'.
La portavoz de la plataforma y miembro de la Asociación Genera de defensa de las meretrices, Clarisa Velocci, ha explicado a los medios que con la movilización pretenden manifestar el "rechazo a todo tipo de criminalización de las mujeres que ejercen la prostitución" y denunciar las políticas de persecución y acoso policial que ven en la modificación de la ordenanza.
Para ella, para abordar el conflicto la administración debe "contar con las prostitutas como principales interlocutores porque son ellas quien pueden pactar en igualdad de condiciones y sin ser perseguidas", y ha pedido a la policía protección sin multas --asegura que se han aumentado hasta 750 euros-- para que sean tratadas como cualquier ciudadano.
