En plena escalada del conflicto en Siria, los líderes del G8 (los siete países más ricos y Rusia) se reúnen este lunes y martes en un aislado hotel de lujo de Irlanda del Norte para hablar de comercio, transparencia y evasión fiscal. Esos tres últimos temas han constituido el eje de la agenda diseñada por el Gobierno del Reino Unido, que desempeña este año la presidencia del G8, para la cumbre anual que tendrá lugar, entre fuertes medidas de seguridad, en el complejo de Lough Erne, próximo a la localidad norirlandesa de Enniskillen.
No obstante, la búsqueda de una solución a la violencia en Siria se ha convertido ahora en algo prioritario, después de que países como EEUU y el Reino Unido confirmasen que el régimen de Bachar al Asad ha utilizado armas químicas contra los rebeldes y la población civil. El problema radica en que el G8 -compuesto por el Reino Unido, EEUU, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Rusia- no parece estar aún en condiciones de adoptar una posición común sobre este asunto.
Mientras el presidente estadounidense, Barack Obama, ya ha anunciado que está dispuesto a suministrar armas a la oposición siria, su colega británico y principal aliado, el conservador David Cameron, no se ha pronunciado al respecto. En el lado opuesto, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha expresado su rotundo rechazo a cualquier intento de Occidente de suministrar armas a los rebeldes del país árabe, si bien Moscú ha proporcionado ayuda militar a Damasco.
Otros países como Francia, Alemania o Italia apoyan la reciente decisión adoptada por la Unión Europea (UE) para levantar el embargo de armas a Siria, aunque el bloque aún confía en hallar una "solución política" al conflicto. A finales de mayo, Bruselas autorizó a sus países miembros que facilitaran armas a la oposición siria, aunque todos se comprometieron a no hacerlo antes de agosto con el fin de dar una oportunidad a la vía diplomática.
En el plano económico, el G8 sí podría estar más cerca de llegar a algún acuerdo sobre comercio, transparencia o evasión fiscal, clave, según Cameron, para reactivar la economía global. El "premier" británico quiere aprovechar la cita en Irlanda del Norte para iniciar formalmente aquí una ronda de conversaciones entre la UE y EEUU para lograr un tratado de libre comercio (TLC) transatlántico. A su favor juega que los ministros de Comercio de la UE ya han llegado a un acuerdo para otorgar a la Comisión Europea (CE) el pertinente mandato para iniciar negociaciones con EEUU.
Según los expertos, un TLC podría suponer 119.000 millones de euros más para el Producto Interior Bruto (PIB) europeo, además de unos 400.000 nuevos puestos de trabajo. La crisis económica y el hartazgo de la ciudadanía con sus políticos también ha creado un contexto propicio para que, "después de años de abusos", se tomen medidas concretas para luchar contra la evasión impositiva y los paraísos fiscales, según ha reconocido Cameron.
De momento el jefe del Gobierno de Londres ya se ha apuntado un tanto al llegar en Londres a un acuerdo en esta materia con los territorios británicos de ultramar. Los representantes de islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Gibraltar, Anguila, Montserrat y Turcos y Caicos, se comprometieron a cumplir con una serie de medidas destinadas a promocionar la transparencia fiscal y el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones. Todos ellos acordaron participar en una iniciativa piloto sobre intercambio automático de información fiscal puesta en marcha por el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España y a la que se espera se inscriban más países tras la cumbre del G8.
También se comprometieron a unirse a la llamada Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, una iniciativa impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este ambiente de optimismo, Cameron aspira, además, a extraer de sus socios en el G8 un compromiso para rechazar el pago de rescates en secuestros que sirven para financiar el terrorismo internacional. A diferencia de otros países, Londres ya ha adoptado como política oficial denegar el pago de rescates de secuestros, una práctica que se cree que ha deparado a los terroristas durante los últimos cinco años casi 50 millones de euros, muchos de los cuales han ido a parar a grupos como Al Qaeda o los talibanes.
