La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, avanzó que la tramitación del proyecto de ley del 'brexit' en el Parlamento permitirá a los diputados votar sobre la convocatoria de un segundo referéndum acerca de la salida de la Unión Europea.
La jefa de Gobierno detalló en un discurso un paquete de medidas con el que espera ganarse el apoyo de algunos diputados de la oposición para que la Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo del 'brexit', que ya ha sido rechazado en tres ocasiones. El "nuevo acuerdo" que presentó May incluye una unión aduanera "temporal" con la UE, hasta las próximas elecciones generales en el Reino Unido, así como garantías para mantener los derechos laborales y los estándares medioambientales.
La Ley del Acuerdo de Retirada llegará por cuarta vez al Parlamento --"la última oportunidad"-- sin garantías de salir adelante. Para intentar lograr el apoyo que necesita de conservadores y laboristas, y tras las fallidas conversaciones con el principal partido de la oposición, la 'premier' ha explicado que está dispuesta a una solución de "compromiso" que posibilite que Reino Unido abandone la Unión Europea con garantías y no de forma abrupta, como ya plantean los 'tories' más radicales.
May ha admitido que cerrar el Brexit está siendo "más duro de lo que había previsto" y ha argumentado que, por su parte, ha hecho "todo lo posible", incluso ofrecerse para dejar el cargo antes de lo previsto. "No es suficiente", ha lamentado durante su alocución en la sede de PricewaterhouseCoopers, en la que ha instado a los diputados a revisar los detalles del nuevo plan.
El nuevo texto incluirá una "obligación legal" para que el Gobierno busque "alternativas" al plan de emergencia que la UE ha planteado para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Esta salvaguarda, denominada 'backstop' en la jerga comunitaria, entraría en vigor en diciembre de 2020 si antes las partes no han logrado un acuerdo sobre el estatus que debe regir en dicha frontera. En este sentido, May aspira a dejar claro que Irlanda del Norte no quedará bajo una regulación distinta a la del resto del país, uno de los temores expresados de forma recurrentes por las voces que critican el acuerdo de divorcio con la UE.
