El Parlamento federal belga ha aprobado un proyecto de ley para facilitar la expulsión de residentes extranjeros, incluso los nacidos en el país, si son considerados una "amenaza para el orden público y la seguridad nacional".
Hasta ahora, estos extranjeros con residencia legal en Bélgica estaban protegidos por una ley de 2005 que impedía su deportación incluso en el caso de una condena criminal, ya que el gobierno consideraba que expulsar a una persona con "lazos importantes con el país" constituía una "doble sanción".
El proyecto de ley, cuya aprobación recoge la prensa belga, recibió el apoyo de VLD (liberales y demócratas), CDH (cristianos demócratas francófonos), CD&V (cristianos demócratas flamencos), MR (conservadores) y N-VA (nacionalistas flamencos).
El texto fue impulsado por el secretario de Estado de Asilo y Migración, Theo Francken, que defendió que el objetivo de esta nueva normativa son "los combatientes sirios". Francken explicó que el Gobierno se había encontrado con problemas al retirar pasaportes a extranjeros que residían en Bélgica con un permiso especial por haber llegado al país antes de cumplir doce años, algo que, dijo, "va a cambiar" a partir de ahora.
El diputado conservador Philippe Pivin hizo hincapié en el caso de Salah Abdeslam, uno de los yihadistas que participó en los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, que no podría haber sido deportado de Bélgica porque pasó su infancia en Molenbeek, un barrio de Bruselas. El texto aprobado enfrentó la oposición del partido socialista y los grupos ecologistas del Parlamento, que calificaron la medida de "discriminatoria e ineficaz".
La diputada socialista Monica de Coninck advirtió de la peligrosidad de crear "dos categorías de ciudadanos" e insistió en que "todos los nacidos en Bélgica pertenecen a la sociedad belga". La responsabilidad de ordenar la deportación recae ahora únicamente en la Oficina de Extranjería belga, que deberá "justificar su decisión", mientras que las excepciones serán reguladas en base a información en manos de los autoridades nacionales en materia de seguridad.
Este aspecto del proyecto de ley fue duramente criticado por la oposición, que alertó de que los derechos de los inmigrantes podrían verse comprometidos si su defensa no tiene acceso a información clasificada del Gobierno.
