Donald Trump

Donald Trump denuncia una conspiración en su contra tras el informe del comité parlamentario

El expresidente de Estados Unidos califica la investigación como una "cacería de brujas partidista y un juicio falso".

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El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido a las conclusiones del comité parlamentario. En el informe se concluye que conspiró con "varias partes" para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Trump habla de conspiración, manipulación de pruebas y de una gran mentira para apartarle del poder. "Han cortado partes de mi discurso donde animo a los manifestantes a que levanten la voz de manera pacífica y patriótica. Twitter y el FBI han censurado muchos de mis vídeos y tuits donde pido orden y actos sin violencia", ha dicho.

El expresidente de Estados Unidos califica la investigación como una "cacería de brujas partidista y un juicio falso". El informe, que tiene más de 800 páginas, se basa en unas 1.200 entrevistas durante 18 meses y cientos de miles de documentos.

Los miembros del comité parlamentario consideran a Donald Trump culpable de cuatro delitos: incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, intento de fraude a Estados Unidos y una conspiración para presentar falsos testimonios electorales al Congreso y los Archivos Nacionales.

Según el presidente del comité parlamentario, Bennie Thompson, este informe ofrece "con detalle" pruebas "sobre los esfuerzos en varios pasos dirigidos por Donald Trump para darle la vuelta al resultado electoral de 2020 y bloquear el traspaso de poder".

Prohibir a Trump volver a ser presidente

El comité parlamentario también ha recomendado la prohibición para que este pueda volver al cargo. En concreto, el comité ha dado 11 recomendaciones como resultado de su investigación. Entre ellas, destaca la recomendación de crear un mecanismo formal para evaluar si se prohíbe a ciertas personas de optar al puesto de presidente de Estados Unidos.

Por ello, recuerdan una enmienda de la Carta Magna en la que señala que aquellas personas que hayan prestado "ayuda o consuelo a los enemigos de la Constitución" pueden ser inhabilitados para ocupar cargos federales o estatales.

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