Guerra Oriente Próximo

Nicolás de Pedro, sobre la posición de España respecto a EEUU: "Podría pagar un precio alto por desalinearse de socios europeos"

La postura del Gobierno de España ante la guerra de Irán es "legítima", pero el analista considera que "significarse tanto entraña "riesgos", más aún en un escenario de fricción con Estados Unidos.

Nicolás de Pedro

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La posición del Gobierno de España ante la guerra de Irán es "legítima", pero entraña riesgos si no se equilibran principios e intereses. Esta ha sido la advertencia de Nicolás de Pedro, investigador sénior en el Institute for Statecraft de Londres, en el debate digital de Antena 3 Noticias '¿Lo Hablamos?'.

De Pedro ha señalado que el Ejecutivo está en todo su derecho de fijar postura, pero ha alertado de que "querer significarse tanto conlleva riesgos", especialmente en un momento de fuerte tensión geopolítica y de fragmentación del orden internacional.

El analista internacional ha explicado que desde el Gobierno "se ha insistido mucho en la consistencia de la posición española y en los principios", pero ha subrayado que esa coherencia debe combinarse con "los intereses y el bienestar de todos los ciudadanos". En su opinión, España podría "pagar un precio alto" por su desalineamiento con algunos socios europeos, que observan la postura española "con muchas dudas".

Según De Pedro, en varias capitales europeas existe la percepción de que la política exterior española está excesivamente vinculada a dinámicas de política nacional, algo que "generalmente en Europa se recibe con reticencias". A su juicio, utilizar en exceso los asuntos internacionales para el "debate doméstico" puede tener consecuencias.

En este sentido, ha señalado que en España el debate público está muy centrado en aspectos morales: "estamos representando un sentimiento"; pero ha defendido que en estos escenarios también es necesario "introducir la variable de los intereses" y tener claros cuáles son los objetivos estratégicos que deben protegerse.

Nicolás de Pedro ha enmarcado esta crisis en un contexto más amplio de "quiebra del orden basado en reglas", lo que, a su juicio, obliga a actuar con prudencia. "Conviene fortalecer lo máximo posible una posición que no nos haga asumir riesgos innecesariamente", ha concluido.

El riesgo de una respuesta desproporcionada

En el debate '¿Lo Hablamos? ha participado también Andrew Smith Serrano, miembro del International Institute of Strategic Studies (IISS) de Londres y del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), quien ha coincidido en que España, como cualquier otro Estado miembro de Naciones Unidas, "está en todo su derecho de dar su opinión, poner sus objetivos y establecer las normas por las cuales decide actuar".

No obstante, Smith ha considerado que la posición adoptada por el Gobierno español es "bastante aventurada" por su carácter "maximalista en su confrontación directa con los objetivos de Estados Unidos".

El analista ha advertido de que el verdadero problema no es tanto la legitimidad de la postura, sino sus posibles consecuencias en el marco de las alianzas internacionales. En particular, ha mencionado el contexto de la OTAN y la Unión Europea, y la posibilidad de que una eventual Administración Trump optara por "disciplinar a sus aliados" si la situación en el campo de batalla se deteriora.

Como ejemplo, ha apuntado al impacto que tendría un cierre completo del comercio por el canal de Suez. En un escenario de escalada, ha planteado que Washington podría utilizar a España "como ejemplo para disciplinar a los demás socios", lo que implicaría un riesgo "totalmente desproporcionado" en relación con la decisión inicial adoptada por el Ejecutivo.

Smith ha recordado además que la política exterior tiene límites claros en términos electorales. "La política exterior, si se hace bien, te tonifica y te da altura moral, pero nunca gana elecciones, porque todas son en clave nacional", ha afirmado. Y ha rematado con una máxima clásica: "Toda la política es local".

En conjunto, ambos analistas coinciden en que la posición española es legítima, pero advierten de que el actual contexto internacional exige medir cuidadosamente los costes y riesgos de cada movimiento diplomático.

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