Brunéi extenderá la moratoria que aplica de facto a la pena de muerte a la sharia o ley islámica, un mes después de aprobar castigos como la lapidación para homosexuales o adúlteros por lo que afrontó una oleada de críticas y llamadas al boicot.
La decisión fue anunciada por el sultán Hassanal Bolkiah, en un discurso televisado anoche con motivo del inicio del mes del Ramadán, en el que buscó clarificar "malas interpretaciones" sobre la implementación de la legislación islámica. "No debería haber ninguna preocupación sobre la sharia ya que esta incluye la misericordia y bendiciones de Alá (...) que jamás nos impondría leyes pensadas para infligir crueldad", dijo el sultán en su alocución recogida hoy por la prensa estatal.
"En las últimas dos décadas hemos practicado una moratoria de facto a la ejecución de la pena de muerte en casos de ley común. Esto se aplicará también en los casos de la sharia que ofrece un amplio margen de exoneración", añadió.
El sultán, que sostuvo que la ley islámica persigue "preservar la moralidad y decencia pública", aseguró además que Brunéi ratificará la convención de la ONU contra la Tortura para "mantener nuestros compromisos y obligaciones internacionales".
El nuevo ordenamiento incluye la lapidación por delitos homosexuales y adulterio; la mutilación de la mano o el pie por robo; la pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma y la apostasía; y la flagelación por aborto, entre otros.
Su entrada en vigor el pasado 3 de abril motivó la condena de organizaciones de defensa de los derechos humanos y la ONU, y llamadas al boicot a la cadena de hoteles de lujo propiedad del sultán por parte de celebridades como el actor George Clooney o el cantante Elton John.
Aunque el actual Código Penal contempla la pena de muerte, Brunéi no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1957 y la última sentencia data de 2017 por un delito de narcotráfico. Brunéi, sultanato situado en la isla de Borneo, próspero gracias a sus ingentes reservas de petróleo y gas, comenzó a introducir los castigos basados en la ley islámica en 2014. Una campaña internacional de boicot a los negocios del sultanato llevó a la suspensión temporal de las penas más estrictas y castigos corporales prevista a finales de 2016.
