EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Bélgica aprueba un proyecto de ley que facilite el cambio de sexo

Este proyecto de ley permitirá a los interesados hacer una declaración en la que muestren su convicción de cambiar de sexo para poder iniciar la solicitud en el registro civil.

Bandera del movimiento LGTBI

Bandera del movimiento LGTBIAgencias

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El Parlamento belga ha aprobado un proyecto de ley que facilita el procedimiento administrativo para el cambio de sexo, que hasta ahora estaba obligatoriamente ligado a un tratamiento de esterilización y podrá iniciarse con una declaración al registro civil.

La nueva legislación prevé que los interesados puedan hacer una declaración en la que muestren su convicción de cambiar de sexo para poder iniciar la solicitud, sobre la que deberán obtener una respuesta en un plazo de tres meses. Si la respuesta es negativa, el solicitante podrá recurrir la decisión a un tribunal y, si no recibe respuesta en ese plazo, la respuesta será automáticamente favorable, informa el diario 'La Libre Belgique'.

El proyecto de ley autoriza el cambio de nombre a menores a partir de los 12 años y de sexo a partir de los 16 años en la partida de nacimiento, en ambos casos con autorización de los padres o tutores. La asociación europea de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, ILGA Europe, calificó la noticia como "positiva" aunque consideró que "se queda corta en varios aspectos", según un comunicado difundido a través de su página web.

"Varias preocupaciones de la comunidad trans y de los grupos de la sociedad civil no han sido tomadas en cuenta por las autoridades belgas", afirmaron los portavoces de la asociación, que consideraron el paso como "una oportunidad perdida frente a las leyes adoptadas por otros países europeos que han ido más lejos".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló en abril a favor de dos transexuales franceses que demandaron a su país porque la justicia condicionaba el cambio de sexo en el registro civil a "la realización de una operación o tratamiento esterilizador que no deseaban". El Tribunal de Estrasburgo consideró que eso suponía "condicionar el pleno ejercicio del respeto de la vida privada" a una renuncia a otro derecho, a la integridad física".

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