La UCO registra el piso de Ábalos en busca de pruebas de que habría cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este martes el registro del domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. La operación se ha iniciado a primera hora de la mañana, en torno a las siete, terminando poco antes de las 17:00 horas de la tarde. Esta acción responde a una orden judicial dictada en el marco de la investigación que dirige el Tribunal Supremo sobre el denominado caso Koldo.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenaba este martes a la Guardia Civil llevar a cabo el resgistro del domicilio de Ábalos en Valencia ante los indicios de que pudiera haber participado, como ministro de Transportes, en presuntas adjudicaciones irregulares "a cambio de un precio o compensación económica". Dichas sospechas tienen como base principal un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez en el que se concretan indiciariamente las obras "que pudieran haber resultado indebidamente adjudicadas", con la presunta participación de Ábalos, según el auto en el que el magistrado ordena el registro, al que ha tenido acceso EFE.

El juez Puente explica que en dicho oficio policial, la UCO describe esas obras en relación con grabaciones intervenidas al exasesor de Ábalos, Koldo García, y aportarían "elementos bastantes" para considerar que dichas "indebidas adjudicaciones" se habrían producido por la "eventualmente ilícita intervención" del exministro, "obteniendo por ellas un determinado beneficio económico".

El exdirigente socialista, que también fue secretario de Organización del PSOE, ha estado vinculado desde el inicio a la trama que investiga los beneficios obtenidos presuntamente de forma fraudulenta a través de intermediarios como Koldo García, su exasesor.

La investigación coincide con el procesamiento del fiscal general por revelación de secretos

Este nuevo movimiento en el caso Koldo se produce en un momento de especial tensión institucional, tras la decisión del Tribunal Supremo de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La resolución judicial, de 51 páginas, concluye que existen indicios suficientes para llevar a juicio al máximo responsable del Ministerio Fiscal. El delito imputado, recogido en el artículo 417 del Código Penal, puede suponer hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación.

El auto también afecta a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, señalada por su participación en la misma actuación. La situación ha generado divisiones entre las principales asociaciones de fiscales, algunas de las cuales han pedido la dimisión inmediata del fiscal general.

Clonación de dispositivos

Fuentes de la investigación aseguran que se están haciendo algunas clonaciones de varios dispositivos electrónicos con la intención de poder investigar las pesquisas que hay en el interior de una pieza que había sido previamente declarada como secreta por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

La UCO ha intervenido más de 170 dispositivos, entre los que se incluyen móviles y ordenadores, pertenecientes a los principales investigados, como Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama, considerado el principal comisionista de la trama.

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