Carlos Lacaci analiza las implicaciones legales tras el auto del Supremo: "Nunca antes habíamos asistido a un procesamiento de un fiscal general del Estado"

La reciente decisión del Tribunal Supremo de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha introducido un precedente inédito en el sistema judicial español. Así lo ha expresado el abogado Carlos Lacaci en una entrevista concedida a Antena 3 Noticias, en la que ha analizado los posibles efectos legales de este procedimiento.

"Seguimos con hechos inéditos en la historia de España en el ámbito jurídico y judicial", afirmó Lacaci, destacando que "nunca antes habíamos asistido a un procesamiento de un fiscal general del Estado". El abogado explicó que el auto dictado por el juez instructor del Tribunal Supremo activa una fase clave en el proceso penal: "Las partes tienen posibilidad en los próximos días para poder recurrir dicho auto, para poder hacer los escritos de calificación. Y tras ellos, si solicitan la apertura del juicio oral, el juez fijará una fecha para la vista del juicio oral".

El foco judicial se centra en los indicios, no en pruebas concluyentes

Durante la entrevista, también se abordó la cuestión sobre la existencia o no de pruebas directas contra García Ortiz. A este respecto, Lacaci aclaró que en la fase actual del procedimiento no se exigen pruebas plenas: "Hay que recordar que en esta fase en la que nos encontramos, no hay que buscar y encontrar esas pruebas, sino indicios", recalcó.

Según el abogado, tanto el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que asumió inicialmente la causa, como el instructor del Supremo, concluyeron que existían "indicios suficientes de criminalidad, indicios suficientes de los delitos por los que están ahora acusando y han procesado al señor García Ortiz y a la fiscal jefa de Madrid".

El caso se inició a raíz de la publicación del contenido de un correo electrónico que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, remitió a la Fiscalía. Ese documento, de carácter reservado, fue reproducido en una nota de prensa que la Fiscalía General del Estado emitió en marzo de 2024.

El delito de revelación de secretos, en el centro de la acusación

Respecto al tipo penal imputado, Lacaci precisó que se encuadra en el artículo 417 del Código Penal. "Está incluido en los delitos de custodia de documentos por cargo público y, por tanto, de la infidelidad de custodia de documentos y de revelación de secretos", indicó.

A juicio del abogado, el elemento central reside en que "un cargo tan relevante a nivel público, como es el fiscal general del Estado, no ha guardado y no ha tenido la debida fidelidad de esos documentos públicos que conociera por razón de su cargo y difundiera los mismos". Esta conducta sería la que fundamenta la acusación por revelación de secretos en el marco del ejercicio de funciones públicas.

La continuidad en el cargo, en cuestión ante un posible juicio oral

Uno de los puntos más relevantes que se plantean en esta etapa procesal es la posibilidad de que el fiscal general continúe en su puesto si finalmente se abre juicio oral. Lacaci explicó que, a diferencia de otros fiscales en activo, la posición del fiscal general del Estado no está automáticamente sujeta a suspensión cautelar.

"El estatuto fiscal habla de suspensión cautelar cuando hay un auto de procesamiento o de condena de uno de sus miembros, pero precisamente el fiscal general del Estado no estaría dentro de esta suspensión cautelar, toda vez que se encontraría en comisión de servicios", explicó. En cambio, en el caso de la fiscal jefa de Madrid, sí podría aplicarse esta suspensión por estar en ejercicio ordinario de sus funciones.

No obstante, Lacaci dejó abierta la posibilidad de que se activen mecanismos internos: "En el caso de que finalmente las acusaciones propongan la apertura del juicio, efectivamente, el fiscal general del Estado va a solicitar la suspensión cautelar de su cargo".

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