'Procés'

Tres magistrados del Constitucional discrepan de la prisión preventiva de Oriol Junqueras

El Tribunal Constitucional respalda la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión al líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque fuera elegido diputado. Pero tres magistrados creen que se pudo vulnerar sus derechos.

Oriol Junqueras

Publicidad

Tres magistrados del sector progresista del Tribunal Constitucional defienden que el Tribunal Supremo pudo imponer al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras durante la instrucción y juicio por el 'procés' independentista en Catalunya una medida "menos lesiva" que su mantenimiento en prisión preventiva ya que ello "hubiera tenido menor afectación" a su derecho de representación política. Así lo señalan los magistrados Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y Fernando Valdés en el voto particular de la sentencia en la que la mayoría del tribunal de garantías desestima el recurso de Junqueras contra su permanencia en prisión provisional durante el juicio. La sentencia, cuyo contenido íntegro ha sido dado a conocer, supuso por primera vez la ruptura de la unanimidad de los doce magistrados que se habían mantenido hasta el momento en los asuntos relacionados con el conflicto independentista. A juicio de estos magistrados "era posible adoptar una decisión que, aun no enervando totalmente el riesgo que se intentaba controlar con el mantenimiento de la prisión provisional, fuera menos lesiva para los intereses constitucionales vinculados al derecho de representación política del recurrente". Al optarse por no aplicar estas medidas, su derecho "se veía anulado", añaden.

En su voto, que se extiende a lo largo de 17 páginas, los discrepantes sostienen que ha existido una vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas por no haberse realizado debidamente el juicio de proporcionalidad que requería la afectación de este derecho. Consideran que hubiera sido necesario ponderar adecuadamente los intereses constitucionales concurrentes en la decisión de mantener la situación de prisión provisional del recurrente y la intensidad con que quedaba afectado cada uno de ellos. También reprochan la ausencia por parte de sus compañeros de un razonamiento acerca de si las medidas alternativas a la prisión -que Junqueras sufrió desde el 2 de noviembre de 2017, cuando declaró en instrucción ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela-, podían permitir o no un control suficientemente del que, no obstante, reconocen era un "intenso del riesgo de reiteración delictiva".

Todos pendientes del Tribunal de la UE

El voto particular es importante para la estrategia de Junqueras y su partido, ERC, pero todo el mundo lo que espera ahora es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si Junqueras tiene inmunidad al haber sido elegido parlamentario europeo, aunque no llegara a formalizar su condición. La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha expresado su optimismo sobre esta sentencia y ha asegurado que exigirán "rectificar" los posibles derechos vulnerados si el tribunal les da la razón. En rueda de prensa, ha avisado de que esta sentencia es una "prueba de estrés" para la democracia y la justicia española, pero ha pedido prudencia hasta que el jueves se emita el fallo del tribunal. La decisión influirá en las negociaciones con los socialistas para la investidura. Y también en el futuro de Carles Puigdemont, también electo y pendiente de que la Justicia belga decida sobre su entrega a España.

Publicidad

Crisis en Ceuta

Muere un joven migrante en el asentamiento de la antigua fábrica de Guano

El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno negocia contra reloj su nuevo decreto de vivienda mientras la expropiación divide a la coalición

El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.