Trece consejeros de la Junta de Andalucía renuncian a sus escoltas

Los trece consejeros de la Junta de Andalucía han renunciado a sus escoltas permanentes. El Ejecutivo prefiere que esos agentes se dediquen a otras cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana. Solamente mantendrán escolta el presidente andaluz, Juanma Moreno y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

Andalucía es una región con 8,5 millones de habitantes que cuenta con muy pocos policías nacionales adscritos a la denominada unidad autonómica, un cuerpo que tiene que cumplir con diversas funciones de seguridad asignadas por el Estatuto de Autonomía. Por eso hay que concentrar la gran mayoría de los agentes en el cumplimiento de las funciones marcadas, como son la prevención de incendios forestales, el control del juego y las apuestas, los asuntos relacionados con los menores de edad, la seguridad de las estaciones de esquí, etcétera. La comunidad andaluza cuenta con una plantilla de 400 agentes propios.

Los trece consejeros serán atendidos de otra manera en materia de seguridad

Los trece consejeros serán atendidos de otra manera en materia de seguridad, con fórmulas de prevención y contravigilancia, sin necesidad de una asignación permanente de dos agentes.

Ningún miembro del Gobierno andaluz ha discutido esta decisión, aunque si han recibido explicaciones sobre cómo se organizará su seguridad a partir de ahora. Lo que si mantienen es el servicio de conductor para los desplazamientos por la región. El Gobierno considera que el tiempo de amenaza terrorista ya ha pasado. No consta ningún altercado en la calle donde se hayan visto afectados los consejeros.

Falta de policías autonómicos en Andalucía

La referida falta de concursos de personal, que no se convocan desde el año 2013, ha dejado a la unidad adscrita en una situación precaria, con solo el 60% de su plantilla y un riesgo serio de que en breve de que este porcentaje sea rebajado hasta el 50%.

A finales de 2007 se firmó el quinto acuerdo entre las dos administraciones (Junta de Andalucía y Ministerio del Interior) para regular el funcionamiento de este cuerpo policial, un documento que debe renovarse cada tres años, pero desde entonces no se ha vuelto a negociar nada.