Rifirrafe en el Parlamento vasco por las semilibertades a presos de ETA

Hoy ha llegado al pleno del Parlamento vasco la polémica por la concesión por parte del Gobierno de medidas de semilibertad a diversos presos de ETA. Se trata de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite a aquellos reos que aún no reúnen los requisitios para el tercer grado poder salir de la cárcel de lunes a viernes, durante el día, para trabajar o realizar tareas de voluntariado. Desde que el Ejecutivo vasco tiene las competencias de Prisiones, 35 presos se han beneficiado de la aplicación del 100.2; y, de esos 35, la mayoría, 30, son presos de ETA.

Unas medidas de semilibertad que han continuado otorgándose este año. El pasado 2 de enero se le aplicó a uno de los condenados por el asesinato de Gregorio Ordóñez, Juan Ramón Carasatorre; y, un mes después, a Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, histórico líder de la banda.

Para el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Javier de Andrés, "en el oasis vasco hay asesinos a los que se les quiere sacar (de las cárceles) sin arrepentimiento". Subraya que el 85% de los presos a los que se les ha aplicado el 100.2 están condenados por terrorismo.

Añade De Andrés que "no es creíble, no hay equilibrio" sino que, más bien, "hay un trato de favor. Es un trato político con ellos y con el PSOE". Les acusa además de "intentar engañar a la Fiscalía" ya que para la aplicación del 100.2 no es necesario el visto bueno del Ministerio Público. "Han corrompido el sistema penitenciario. Miran a otro lado mientras se produce la evasión", concluye.

Pradales niega privilegios

Sin embargo, el Lehendakari, Imanol Pradales, asegura que "los presos y presas de ETA tiene los mismos derechos y exigencias que los demás. No existe ningún privilegio: solo la aplicación de la ley".

Durante su intervención, Pradales ha exigido al PP "respeto al Gobierno, a la cámara y a las víctimas. Nunca es tarde para recuperar la moderación". Y acusa a los populares de demagogia: "Lo importante es el titular. Se lo digo: me repugnaban los delitos cometidos por ETA. Los chantajes, las bombas, la persecución... Todos los atentados. Pero las decisiones se toman. Técnicos, funcionarios, control de vigilancia petenitenciaria". Y le ha recordardado que es en todo caso un juez el que tiene la última palabra, también, en la aplicación del 100.2.

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