Peinado propone que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por tráfico de influencias por sus "vínculos con el actual presidente del Gobierno”

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto remitir a Begoña Gómez a un Tribunal del Jurado al apreciar que el presunto tráfico de influencias investigado en la pieza principal “fue posible” por sus “vínculos con el actual presidente del Gobierno”.

En un auto al que alude la información, el instructor considera “muy difícil” que, sin esa “relación de parentesco”, Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y su asesora Cristina Álvarez hubieran puesto “en práctica las conductas delictivas” por las que plantea sentarlos en el banquillo; esa relación sería, subraya, “fundamental”.

Peinado apoya el envío al jurado en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ): el tráfico de influencias (art. 1.2 g) integra su ámbito de aplicación y, por conexidad, “arrastra procesalmente” el resto de delitos investigados. Además, destaca que Álvarez se considera funcionaria pública, requisito que refuerza el encaje en la LOTJ.

Los delitos bajo investigación

Al margen del tráfico de influencias, la pieza principal incluye corrupción en los negocios, apropiación indebida (ligada al software de la Universidad Complutense de Madrid) e intrusismo.

Gómez está imputada por su relación con Barrabés, al que presuntamente habría favorecido a cambio de ayuda para impulsar su cátedra. La UCO ha aportado un atestado con 121 correos relevantes, en el que señala que la asesora, a la que Gómez definió ante el juez como “amiga”, intermedió en 11 contrataciones, pese a que la investigada habló de un favor “puntual”.

Lo que dice la IGAE sobre Red.es

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) apunta a irregularidades en adjudicaciones de Red.es a la UTE de Barrabés (Innova Next) y The Valley Digital, donde constan cartas de recomendación firmadas por Gómez. Los pliegos no contemplaban valorar ese tipo de misivas, pero, según la IGAE, se puntuaron: “Tenerlo en cuenta para puntuar las ofertas en todo caso supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores”, concluye el dossier.

No es la primera vez que Peinado abre la vía del jurado: ya propuso esa fórmula en la pieza separada de malversación, centrada en la contratación de Cristina Álvarez por Moncloa para trabajos privados de Gómez.

En ese flanco, el juez pidió al Tribunal Supremo investigar al ministro Félix Bolaños; el Alto Tribunal lo rechazó por “absoluta ausencia” de indicios de delito. La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, avaló que Álvarez siguiera imputada por tráfico de influencias en la pieza principal.

Qué decidirá ahora la Audiencia

Corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid resolver si la pieza principal pasa a un jurado popular. Peinado defiende que los delitos de apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado son conexos al tráfico de influencias y que separarlos rompería la continencia de la causa.

Mientras, la investigación patrimonial y documental continúa para esclarecer si existieron contraprestaciones, quién las habría recibido y con qué impacto en adjudicaciones públicas.

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