El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno ya se ha pronunciado. Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha defendido que desde el Ejecutivo no "comparten" la condena. Asevera que "el Gobierno tiene el deber de respetar el fallo", pero también "el deber moral" de decir "que no lo comparte".

Destaca que el Poder Judicial "ha hablado y resuelto la causa". "Los próximos días pondremos en marcha el mecanismo para nombrar a un nuevo o nueva fiscal general", ha destacado Bolaños. Desde el Ejecutivo se encuentra a la espera de analizar la condena.

El ministro de Justicia destaca que el Gobierno "siempre ha creído y defendido la inocencia" de Álvaro García Ortiz". Sin embargo, "hoy el Poder Judicial ha hablado y resuelto la causa". Sobre el próximo fiscal general, Bolaños manifiesta que "será una persona con trayectoria profesional y cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia".

Moncloa muestra su "reconocimiento a la labor" del fiscal general y su "compromiso en la defensa al servicio público, la Ley y la verdad". Puntualiza también el ministro que "la discrepancia con esta sentencia no puede conllevar a una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia": "España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial".

Dos años de inhabilitación

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Además por este delito se le condena a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, es decir 7.200 euros, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, con 10.000 euros por daños morales. No obstante, le absuelven "del resto de los delitos objetos de la acusación", y todos aquellos objetos que se le intervinieron en los registros serán devueltos a sus titulares, "y, en su caso, se destruirán".

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