GARCÍA ORTIZ
El fiscal general podrá optar por una última vía ante el Supremo para acudir al Constitucional
Si el fiscal general combate la condena mediante esta vía, su ejecución podría ser suspendida hasta que haya una resolución sobre el recurso.
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podrá hacer frente a la condena de dos años de inhabilitación y pago de unos 20.000 euros impuesta este jueves el Tribunal Supremo (TS), también ante el propio TS, a través de un incidente de nulidad. Esta opción no suele salir adelante, pero es necesaria para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).
Si optara por el incidente de nulidad, el jefe del Ministerio Público podría pedir a la corte de garantías que, de forma cautelar, suspenda la ejecución de la condena hasta que resolviera sobre el recurso contra el fallo.
El TS ha condenado este jueves a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a quien exige indemnizar con 10.000 euros por causar daños morales.
El fallo de los magistrados
Sin embargo, el fallo no ha sido unánime. Este ha contado con el apoyo de los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela, aunque con el voto en contra por parte de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo.
El fallo ha sido adelantado este jueves, comunicándoselo a ambas partes, pero no surtirá efecto hasta que se haya notificado formalmente la sentencia, que aún no ha sido redactada.
Además, Polo era la magistrada ponente, es decir, la persona encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha dado lugar a que Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, lleve a cabo esa tarea. Además, la sentencia deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz.
El tribunal ha fallado sólo una semana después de que llegara a su fin un juicio histórico por haber sido la primera vez que un fiscal general del Estado ha ocupado el banquillo de los acusados. Durante el juicio, García Ortiz negaba rotundamente haber filtrado el 13 de marzo de 2024 el mencionado correo y recalcó que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende", según recoge EFE. Su defensa destacó el valor del testimonio de varios periodistas que aseguraron que conocieron dicho correo antes que el fiscal general del Estado.
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