Caso Koldo
Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos por la trama de las mascarillas
Los grupos personados en el caso reclaman prisión preventiva para el exministro y para Koldo García, mientras su situación judicial se agrava tras el último informe de la UCO.
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Santos Cerdán ha quedado en libertad provisional en un momento en el que su posición procesal se endurece tras el reciente informe de la UCO, un escenario que también alcanza al exministro José Luis Ábalos.
La derivada judicial del caso Koldo avanza ahora hacia un punto decisivo después de que las acusaciones populares hayan presentado su escrito de calificación, en el que reclaman penas de hasta 30 años de prisión para Ábalos y para quien fuera su asesor, Koldo García.
La solicitud, encabezada por el Partido Popular y apoyada por Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade y Iustitia Europa, eleva de forma significativa las penas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción, que pide 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García.
Para el empresario Víctor de Aldama, al que los investigadores sitúan como comisionista y que ha colaborado con la causa, solicitan siete años de prisión tras aplicarle la atenuante de confesión.
Seis delitos y la petición de prisión preventiva
El escrito atribuye a Ábalos y a García seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación y malversación. Además, las acusaciones avanzan que solicitarán su ingreso inmediato en prisión preventiva, una medida cautelar que consideran necesaria ante la gravedad de los hechos que describen.
La presentación de estos escritos responde al auto dictado el pasado 3 de noviembre por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso, quien acordó elevar a juicio la pieza centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia. Según el juez, Víctor de Aldama dispuso de "información previa y privilegiada" sobre la urgencia sanitaria que permitió a su empresa, Soluciones de Gestión, presentar una oferta dirigida a asegurar dos contratos públicos: uno con Puertos del Estado para el suministro de ocho millones de mascarillas y otro con Adif para cinco millones más.
En su resolución, el magistrado sostiene que Aldama garantizó estas adjudicaciones mediante diferentes contraprestaciones dirigidas a Ábalos y a García, que incluían desde pagos en efectivo hasta el arrendamiento de inmuebles. Esta supuesta relación de favores, según la instrucción, consolidó un circuito de trato preferente que se habría repetido en otras gestiones y decisiones administrativas.
Un escenario judicial que se complica
La acusación popular, articulada en torno al PP, considera que el conjunto de actuaciones investigadas configura una trama con relevancia penal suficiente para sostener la imposición de las penas solicitadas. Su propuesta supera las peticiones de Anticorrupción, aunque coincide con la Fiscalía en solicitar la celebración de una vista para revisar las medidas cautelares ya vigentes, entre ellas la retirada de pasaporte y la obligación de comparecencias periódicas.
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