La Ley de Memoria Democrática obliga a cambiar de nombre a una decena de pueblos

Las víctimas del franquismo se adelantan a la Ley de Memoria Democrática, que aún no ha entrado en vigor, hasta que se publique en el BOE, y piden ya a ocho municipios que cambien sus nombres, por sus referencias a la Dictadura y a Franco.

El abogado Eduardo Ranz, a modo particular, ha enviado las peticiones para que eliminen todo tipo de "simbología de exaltación de quienes cometieron crímenes contra la humanidad en España"

Reprocha que "aún seguimos sufriendo en las carreteras, mapas, o centros religiosos, la simbología que recuerda el golpe sufrido contra a democracia", y enumera los municipios que aún -dice- mantiene nombres dedicados a quienes hicieron "vivir la peor etapa de la historia contemporánea":

• Alberche del Caudillo, en Toledo
• Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, en Badajoz
• Llanos del Caudillo, sito en Ciudad Real
• Quintanilla de Onésimo, en Valladolid
• Alcocero de Mola en Burgos
• San Leonardo de Yagüe, en Soria
• Villafranco del Guadalhorce, en Málaga.

Los municipios no se niegan pero no lo consideran prioritario

Varios de esos municipios ya han recibido su carta. Antena3 Noticias ha hablado con algunos de ellos.

Los vecinos de Quintanilla de Onésimo no consideran una prioridad, en estos momentos, cambiar el nombre de su pueblo. No se niegan, pero la mayoría considera que "hay otras necesidades mayores". Además, hacen hincapié en el gasto que supone: "no solo por el cambio de la cartelería, el papeleo, etc" Y muchos recuerdan que este municipio ya eliminó toda referencia y simbología franquista de sus calles.

En Villafranco del Guadalhorce el caso es parecido, su alcaldesa asegura que sí ha recibido la carta, pero que aunque cumplirá con la ley cuando entre en vigor, "no es la voluntad del pueblo". Ellos tendrían que cambiar la primera parte del nombre, es decir, eliminar "Villafranco"; y aunque muchos entienden el fondo de la ley, la mayoría no ve ningún problema en el nombre: "así lleva toda la vida", indican, y "no veo que ofenda a nadie" asegura otro vecino. Y también reprochan el coste de hacerlo ya que son muy pocos habitantes, a penas 700.

Eduardo Ranz, el abogado que les ha enviado el requerimiento, insiste en que "es algo que a día de hoy vulnera una ley democrática, por eso lo que se pide es el cumplimiento de la legalidad". Y les recuerda que tienen un plazo de hasta tres meses para modificar los nombres.