La decisión sobre la investigación a Pablo Iglesias quedaría en manos de los diputados del PSOE

El juez Manuel García-Castellón solicitaba al Tribunal Supremo que se iniciara un procedimiento contra el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Para iniciar dicho procedimiento el Supremo debe pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados, ya que Iglesias es diputado de la cámara, y dicha autorización debe aprobarse por mayoría, implicando la decisión al PSOE, socio de Podemos en el Congreso.

El juez García-Castellón investiga el robo del móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, y el uso de archivos que contenía. Debido a esto se ha solicitado que se investigue al vicepresidente segundo por cuatro delitos: daños informáticos, agravante de género, revelación de secretos y denuncia falsa.

Dicha petición se ha remitido al Supremo por la condición de Iglesias como aforado, al formar parte del Gobierno y de la cámara. Esto también afecta a la directora de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, actual vicepresidenta del Congreso y que ha sido mencionada en el auto del juez por el caso Dina.

Si el Supremo abre la causa contra Iglesias y Elizo, el Congreso tendrá 60 días hábiles para tomar una decisión.

El último suplicatorio que se denegó fue en 1988. Y la última aprobada fue en junio sobre la suplicatoria de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC). Los partidos de PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos y Vox apoyaron la decisión y votaron en contra JxCat y PNV y se abstuvieron a votar ERC, Bildu y la CUP.

Pasos a seguir en el Congreso

El plazo máximo es de 60 días hábiles para que el Congreso tome una decisión si el Supremo aceptar el recurso y no se suele agotar el tiempo.

La recepción del suplicatorio lo acogerá la mesa del Congreso y es la presidenta de la cámara, Meritxell Batet tendrá un máximo de cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta. Dicho tratamiento se realizará a puerta cerrada.