El juez Peinado pide nuevos escritos a las partes tras el archivo de dos delitos en el caso Begoña Gómez

El juez que instruye el denominado 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha emplazado a las partes para que presenten nuevos escritos con sus peticiones de cara al juicio con jurado después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida atribuidos a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia en el marco de la causa que sigue contra Gómez y contra su asesora, Cristina Álvarez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En su resolución, Peinado da cuenta de la recepción del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó levantar las medidas cautelares impuestas a las investigadas y mantener el procedimiento ante un jurado popular.

La Audiencia confirmó que el proceso siga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero descartó los de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El instructor solicita ahora a la acusación popular, liderada por Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que presenten nuevos escritos teniendo en cuenta la reducción de los delitos inicialmente atribuidos a las acusadas.

Respecto al tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, Peinado ha acordado "continuar la investigación en el seno de un nuevo procedimiento".

Esta decisión llega después de que la Audiencia de Madrid resolviera apartarle del juicio con jurado para que se investigue por separado lo relativo "a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos".

En su primer escrito, Hazte Oír pidió 24 años de cárcel para Gómez y 22 años para Álvarez por cuatro presuntos delitos, mientras que reclamaba seis años de prisión para Barrabés por dos de ellos. Por su parte, la Fiscalía y las defensas solicitaron la absolución al no apreciar delito.

En el auto, los magistrados de la Audiencia de Madrid indicaron que "parece perfectamente verosímil sostener" que Gómez "logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno" para obtener la concesión de la cátedra de la UCM y hacerlo "de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto".

Además, añadieron que Gómez asumió la condición de directora "pese a no ser posible", una irregularidad que, según el tribunal, fue solventada meses después.

Los magistrados apuntaron también que "la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la nación" puede comportar, en determinados contextos, una "presión moral eficiente" a efectos del delito de tráfico de influencias.

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