El juez Peinado archiva la causa contra el delegado del Gobierno de Madrid en el caso Begoña Gómez

El pasado cuatro de diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid archivó las acusaciones contra el delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín Aguirre, contra 'Begoña Gómez'. Además, en su escrito, atribuía que el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, se basó en "meras suposiciones".

Ahora, dos semanas después, el juez Peinado ha archivado la causa. En un auto, el titular de Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado el poner fin al procedimiento penal por el que se investigaba a Martin por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Todo comenzó el pasado mes de mayo cuando Vox presentó una querella, que posteriormente terminó con la decisión del magistrado de citar al delegado del Gobierno madrileño como investigado porque "aparentemente" habría participado, "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021" en la contratación de Cristina Álvarez para ser asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

Sin embargo, "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos", señalan en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, tras revisar el contenido de la resolución de la Audiencia Provincial, ya que a principios de diciembre admitió los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado contra la imputación de Martín Aguirre.

"No consta que supiera" que Álvarez estuviera "excediéndose de sus funciones por indicación" de la esposa del presidente, subrayan los magistrados, y que Peinado se basó en "meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad". En junio se pronunciaron sobre cual tenía que ser el foco de la investigación: en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora habrían sido sobrepasadas para favorecer el presunto "plan delictivo" de Gómez.

En la causa que instruye el juez Peinado, la esposa del presidente es la única investigada a la que se le imputa cinco delitos: presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Sin motivo de querella

En el auto añadieron que "las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno".

Los magistrados alegaban que la dirección de la instrucción no encontraba razón en "dirigir una nueva querella acumulada contra el que se supone hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza", ya que "no se proporciona el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre tenga "esa supuesta función de control" al contratar a Álvarez.

En la misma línea señalaron que "resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público también lo es quien debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada". Así mismo, añade que los recurrentes, casi en su totalidad, "se centran en la legalidad del nombramiento de Álvarez como asistente" de Gómez, "cuestión que está fuera de toda duda".

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