IGNACIO GONZÁLEZ HA SIDO DETENIDO
Cifuentes declara por escrito como testigo de la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II
El juez Eloy Velasco ha acudido a la sede del Gobierno regional para entregar a la presidenta de la Comunidad de Madrid las preguntas relacionadas con la investigación sobre el caso de supuesta corrupción en el Canal de Isabel II.
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El juez de la Audiencia NacionalEloy Velasco ha acudido esta tarde a la sede del Gobierno regional para entregar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, las preguntas relacionadas con la investigación sobre el caso de supuesta corrupción en el Canal de Isabel II para que ésta declare por escrito. A continuación, Velasco se ha dirigido a la sede de la consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para tomar declaración en persona al consejero Ángel Garrido, 'número dos' de Cifuentes y actual presidente del ente público Canal de Isabel II.
El juez ha entrado a pie por la puerta lateral de la Consejería que da a la Plaza de Pontejos en torno a las 16;30 horas. De allí se ha dirigido a la sede del Gobierno regional, ubicado en la Puerta del Sol, para entregar las preguntas a Cifuentes y después volver al otro edificio para interrogar a Garrido.
Cifuentes y Garrido son dos de los cinco testigos llamados a declarar en el marco de la llamada operación Lezo, en la que ha sido detenido Ignacio González, antecesor de Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal entre 2003 y 2012. Dentro de esta operación, el juez ha ordenado doce detenciones por delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Esta causa se centra en personas vinculadas al anterior Gobierno regional madrileño por operaciones "para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio". La operación tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en 2015, que se judicializó en junio de 2016, cuando la Comunidad de Madrid puso en conocimiento del ministerio público algunas irregularidades en el Canal, entre ellas la adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
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