Joaquim Bosch, sobre la acampada en Sol: "Se están ejerciendo derechos fundamentales muy importantes en una democracia"

Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid se unen para enviar sendos requerimientos al delegado del Gobierno, Francisco Martín, para disolver la acampada de Sol con carácter inmediato. Amenaza la administración de Almeida "se llevarán a término acciones legales que procedan".

La acampada en la Puerta del Sol nació tras las protestas por el desahucio de Maricarmen. Esta vecina madrileña fue desalojada de la casa en la que llevaba residiendo 70 años el pasado miércoles. Este lunes por la tarde se conocía el acuerdo alcanzado entre sus representantes y la empresa propietaria del inmueble, un acuerdo por el que esta octogenaria podrá regresar a su casa. Sin embargo, ni el acuerdo, ni los decretos de Vivienda aprobados en el Consejo de Ministros han desconvocado la acampada en la céntrica plaza madrileña.

Antena 3 Noticias ha entrevistado al magistrado Joaquim Bosch para conocer qué recorrido tienen los requerimientos emitidos por Almeida y Ayuso.

"El requerimiento indica la disconformidad de estas instituciones con la situación de la acampada. Lo que ocurre es que ahí se están ejerciendo derechos fundamentales muy importantes en una democracia, como el derecho de reunión, de manifestación, la libertad de expresión... y no vale que esto genere unas molestias, porque cualquier tipo de manifestación de este tipo genera molestias. Recordemos que hace un tiempo en la calle Ferraz hubo durante varias semanas que generaron molestias vecinales y, que no gustaron seguramente al presidente del Gobierno, pero mientras fueran pacíficas prevalece ese derecho de manifestación o reunión. Hay que tener en cuenta que hay muchas situaciones de ocupación de la vía pública que pueden generar molestias al vecindario, la cuestión es ponderar con proporcionalidad, y en principio mientras la protesta sea pacífica no habría motivo para que sea disuelta inmediatamente por la Policía Nacional", ha explicado el juez.

Además, el magistrado nos explica qué ocurrirá si Delegación del Gobierno hace caso omiso de los requerimientos. "Aquí tanto el Ayuntamiento como la Comunidad consideran que si que debe utilizarse la fuerza policial para disolverse esta concentración. Si no atiende este requerimiento la Delegación del Gobierno, porque considera que debe prevalecer el derecho de reunión pacífica, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad pueden recurrir en vía judicial, incluso pueden pedir medidas cautelares y ahí, será el órgano judicial el que haga la ponderación de la proporcionalidad", pero añade: "Ya digo que ha de ponderarse el espacio publico con derechos fundamentales".

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