Catalán en las aulas

Las instrucciones del Gobierno catalán para el curso escolar denunciadas por atentar contra derechos fundamentales

La Generalitat ha emitido una directriz en la que impone el uso exclusivo del catalán en todos los ámbitos escolares.

Aulas de un colegio

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El texto enviado a los colegios con el título 'Documents per l´organització i la gestió dels centres. Projecte educatiu del centre. Curs 2022-2023', detalla las actuaciones obligatorias que hay que llevar a cabo para favorecer la hegemonía del catalán en las aulas y todos los espacios de los centros educativos.

La directriz ha sido remitida por el departamento de Educación a los colegios el pasado 19 de Julio. La Generalitat aprovecha el vacío legal que impide la ejecución del 25% del castellano hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie para perpetuar el sistema de inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña y expulsar el castellano del uso habitual en cualquier punto de los centros.

Además, desde el gobierno catalán se ordena nombrar un coordinador lingüístico en cada centro. En el documento destacan directrices como: "el papel de la lengua catalana como eje vertebrador del proyecto educativo del centro".

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña esas instrucciones del Departamento de Educación de la Generalitat de cara al curso 2022/2023, enviadas a los centros públicos y concertados. Algunas de las instrucciones vulneradoras de derechos en las que se apoya la impugnación son:

"La lengua catalana debe ser el vehículo de expresión y comunicación normalmente empleado, tanto en las actividades internas del centro como en las externas", refleja el escrito. "La lengua catalana no es sólo una lengua objeto de aprendizaje. Es la lengua de la institución y por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro".

La impugnación de la AEB se sustenta en la vulneración de​ los derechos fundamentales a la no discriminación (art. 14 de la Constitución) y a la educación (art. 27 de la Constitución). Y solicita como medida cautelarísima que: "Se ordene al Departamento de Educación para que en el curso 2022-2023 se incluya en los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos al castellano como lengua vehicular de enseñanza y de referencia (además del catalán, el aranés en el Valle de Arán y la lengua de signos catalana)".

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