LEY MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Gobierno da el último paso para la extinción de la Fundación Franco y lleva el caso a la Justicia

El Ejecutivo considera que la entidad vulnera la ley de Memoria Democrática y deja en manos de la Justicia su posible disolución.

El ministro de Cultura Ernest Urtasun

El ministro de Cultura Ernest UrtasunEFE

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El Gobierno ha dado el paso definitivo para intentar cerrar la Fundación Francisco Franco. Coincidiendo con el aniversario de la Segunda República, el Ejecutivo ha firmado el expediente que solicita su extinción y lo remitirá a la Justicia para que sea un juez quien tome la decisión final.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que se trata de un "expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a la víctimas". "En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha subrayado en una rueda de prensa.

El último paso de un largo camino

Los trámites comenzaron en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura inició la recopilación de información a través del Protectorado de Fundaciones. Tras analizar miles de contenidos y rechazar las alegaciones presentadas por la Fundación, el Gobierno ha decidido acudir a los tribunales. El expediente se apoya en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite actuar contra organizaciones que hagan apología del franquismo.

Para sustentar la petición, el Ejecutivo encargó informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Esta última analizó miles de textos publicados por la fundación, concluyendo que estaban orientados "a la exaltación del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes".

Con estos elementos, el Gobierno considera que "concurren, de manera fehaciente, las causas legales para su extinción. Y lo decimos con claridad: estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas". El siguiente paso será la presentación del caso ante un juzgado de primera instancia, que deberá determinar si procede la extinción de la fundación. "En España la democracia se defiende con la memoria. A partir de aquí, soy optimista", ha concluido Urtasun.

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