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'Operación Púnica'

Francisco Granados es trasladado a la prisión de Estremera

El exconsejero de la Comunidad de Madrid, en prisión incondicional por posibles delitos de malversación de capitales, cohecho y fraude, ha sido trasladado desde la cárcel de Soto del Real a la prisión de Estremera.

El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha sido trasladado hoy de la cárcel madrileña de Soto del Real a la prisión de Estremera, mientras que su socio y amigo David Marjaliza ha sido conducido al centro penitenciario de Aranjuez.

Fuentes penitenciarias han informado de que los traslados se deben a razones organizativas y de buen orden en la cárcel de Soto del Real, debido a que en las últimas horas han ingresado muchos internos en el marco de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la Operación Púnica.

Granados y Marjaliza ingresaron ayer a las seis de la tarde en la prisión de Soto del Real, tras ordenarlo así el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que sostiene que ambos eran cabecillas de la trama de corrupción destapada en la operación Púnica. Todas las prisiones donde se han realizado los traslados son cárceles de la Comunidad de Madrid, porque los internos tienen que estar a disposición del juez de la manera más practica y accesible. 

Además, las fuentes no han descartado que se puedan producir nuevos traslados de algunos de los cinco acusados en la trama Púnica en régimen de prisión incondicional que dictó esta semana el juez Velasco, ni de los otros dos detenidos que permanecen en prisión eludible con fianza. 

En prisión incondicional se encuentran el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), uno de los supuestos cabecillas de la red y "conseguidor" de contratos públicos, Alejandro de Pedro; la "mano derecha" de Marjaliza, 
Ana María Ramírez, y un directivo de Cofely, Pedro García. También están en Soto del Real el empresario José Luis Huerta y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego, pero eludible con una fianza de 300.000 y 60.000 euros, respectivamente.

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