SEGÚN DECLARÓ EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Una exdirectiva del Canal de Isabel II autorizó la compra de Emissao viendo solo un power point
La exidrectora financiera del Canal de Isabel II autorizó la compra por 30 millones de dólares de la empresa Emissao, una operación que resultó ruinosa para el Canal porque la entidad brasileña perdió en dos años su valor.
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La exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond autorizó la compra por 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao basándose solo en un power point que aportó Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre de confianza del expresidente madrileño Ignacio González.
Dio el visto bueno a esta operación, que resultó ruinosa para el Canal al perder Emissao en dos años su valor, sin comunicarlo a la Consejería de Hacienda ni solicitar una valoración independiente, según ella misma declaró en la Audiencia Nacional cuando fue detenida el 20 de abril en la operación Lezo.
Con su firma como apoderada, autorizó los pagos para la compraventa de Emissao en 2013 que fue amparada por el Consejo de Administración que ella integraba, tal y como explicó a preguntas del entonces juez del caso Lezo, Eloy Velasco, durante su comparecencia.
Velasco quiso también saber si la idea de esa compra surgió de Ignacio González, a lo que Richmond respondió que no oyó "a nadie decir que estuviera ordenado por el". Lo que sí admitió es que para aprobar la compra se basó únicamente en el power point del plan de negocio que aportó Rodríguez Sobrino, que fue quien le comunicó a ella que se iba a hacer esa operación.
Sobre los pormenores de la compra, Richmond, de origen argentino, explicó que se hizo a través de una sociedad uruguaya, momento en que el juez le apostilla si conocía que ese país puede ser considerado un paraíso fiscal y que se le denomina "la Suiza" de Sudamérica.
Tras asegurar que no había intención alguna de opacidad en la compra, precisó que se hizo de esa forma por los beneficios fiscales que ello representaba al ser Uruguay un país integrado en Mercosur, al igual que Brasil, pero que en ningún caso se pretendía eludir el pago de impuestos. Este fue el motivo también que dio para justificar que la compra no se hubiera hecho directa desde España o Colombia, donde el Canal cuenta con la filial Inassa."Era perjudicial desde el punto de vista impositivo", aseguró.
Con este mismo argumento trató de explicar los dos pagos que se hicieron en cuentas en Suiza, y señaló que la razón "puede encontrarse" en que cualquiera que haya vivido en un país como Argentina o Brasil conoce que "lo normal es tener fuera cuentas".
En ese momento, el fiscal del caso, Carlos Yáñez, quiso conocer si le comunicó a la Comunidad de Madrid las cuentas de las transferencias a Suiza, a lo que ella dijo que no recordaba haberlo hecho. "No vimos la necesidad de tener que informar. No lo hacíamos en ningún caso, no solamente este", dijo. También negó que Emissao hubiese perdido su valor tras la compra. "Se están confundiendo conceptos. Una compañía no vale lo que vale su patrimonio neto y en general cuando se dice que se pagan 30 millones de dólares por una compañía que vale 10 millones" es porque no se tienen en cuenta otros factores, como los proyectos a futuro, expuso.
En un momento del interrogatorio el juez quiso saber si parte del dinero empleado en la operación de compra se lo repartieron los investigados en comisiones. "No, no para nada. Yo no aparezco en ninguna de las cuentas, ni yo ni nadie afín a mí", sostuvo.
Respecto a si tenía conocimiento de la situación real de la empresa, señaló que desde el Canal, para cumplir con las auditorías, entre ellas de KPMG, tenían que hacer "tests" de deterioro de todas las compañías. "Nadie nos dijo nada de Emissao", aseguró la exdirectiva, que insistió en que no se puede valorar a una empresa por dos años de actividad.
Al fiscal no le convenció su versión y acabó pidiendo prisión bajo fianza de 4 millones de euros, al apreciar indicios delictivos en la compra de Emissao por la ausencia de autorización de la Consejería Hacienda, de una valoración independiente, y por haber ignorado las advertencias plasmadas en una auditoría de KPMG que desaconsejaban la compra.
Le atribuyó una "ignorancia deliberada pero instrumental delictiva para ocasionar la malversación de caudales públicos". "Hablar de una confianza ciega -la de Richmond hacía Rodríguez Sobrino-, cuando hablamos de administración pública, que le llevó a liberar 30 millones de dólares solo con ver un power point, es una barbaridad" manifestó el fiscal, que apuntó a la creación de un entramado opaco en esta compra.
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