El Poder Judicial ha nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) a un juez que está 1.160 puestos por debajo en el escalafón respecto a la magistrada Pilar Alonso Saura, a quien el órgano de gobierno de los jueces discriminó por ser mujer, según un grupo de vocales críticos.
Los citados vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que constituyen una minoría crítica de orientación progresista dentro del órgano de gobierno de los jueces, han firmado dos votos particulares contra el nombramiento. Han sido redactados por la presidenta de la Comisión de Igualdad en el CGPJ, Clara Martínez de Careaga.
La experiencia de Pilar Alonso Saura es de 23 años y la de Miguel Pascual es cero
El magistrado Miguel Pascual del Riquelme Herrero fue nombrado nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) el pasado mes de enero. Los seis vocales del órgano de gobierno de los jueces críticos, liderados por la ya citada magistrada del Supremo y vocal Clara Martínez de Careaga, consideran dicha decisión como una "discriminación en razón de su sexo" contra la aspirante femenina.
Esta mujer, la magistrada Pilar Alonso Saura, está situada en el escalafón de la carrera judicial 1.160 puestos por encima del hombre nombrado, por lo que los vocales críticos consideran que situar a Riquelme al frente del TSJ de Murcia "bordea la arbitrariedad".
En el escrito contrario al nombramiento, Careaga señala que la decisión "no respeta los principios de mérito y capacidad, incumple los requisitos anunciados en la convocatoria" y constituye una "desviación de poder". El escrito crítico recuerda que el primer criterio fijado por las bases de la convocatoria para el nombramiento era el tiempo de servicio activo: la aspirante femenina "es una de las más antiguas en la carrera judicial" y supera en casi diez años en este aspecto a Riquelme.
El segundo criterio era el ejercicio en civil y penal: ella ha estado 23 años en la Audiencia Provincial de Murcia, con competencias civiles y penales, mientras que él solo ha sido juez de instrucción. Precisamente en este sentido se produce otra diferencia clara entre ambos, puesto que el tercer criterio era el tiempo de ejercicio en órganos colegiados (tribunales formados por más de un magistrado que tienen mayor rango de responsabilidades).
Aquí la experiencia de la magistrada es "infinitamente" superior a la de él, dice el escrito. "Y no decimos infinitamente como una licencia expresiva, sino en términos rigurosamente matemáticos", añade, antes de concretar que la experiencia de ella es de 23 años y la de él "exactamente cero. Y el resultado de dividir por cero cualquier número natural, es infinito".
En España solo hay una mujer que presida un Tribunal Superior de Justicia
"El magistrado nombrado nunca ha ocupado un destino en un órgano colegiado", remacha el escrito crítico antes de poner en contraste las 34 resoluciones de especial relevancia jurídica firmadas por la magistrada frente a las cinco dictadas por delitos menores por él. En nuestro país solo hay una mujer que presida un Tribunal Superior de Justicia pero "cuando una magistrada con antigüedad y prestigio sobrados para ocupar una de esas presidencias lo solicita, se ve relegada por un candidato varón", lamenta Careaga.
Los vocales críticos han firmado además un segundo escrito de queja porque no se les notificó a tiempo la formalización del nombramiento, circunstancia que ha sido usada luego por la mayoría conservadora en el CGPJ para tratar de impedir que oficializaran su voto particular, con el argumento de que lo habían presentado de manera extemporánea. Por esta razón acusan a la mayoría conservadora en el CGPJ de "censura".
Toda esta situación constituye "una desconsideración a más del 50% de la carrera judicial, integrada por mujeres, a las que no solo se discrimina en los nombramientos, sino que se deja sin voz", lamentan.
