Cronología de una condena en el Supremo: un email, una nota de prensa, o el borrado de mensajes del móvil de García Ortiz

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Si echamos la vista atrás, este caso comenzó del 8 al 14 de marzo de 2024. Desde el día que la Fiscalía General del Estado recibió la documentación sobre el caso contra González Amador por delitos fiscales, hasta el día que la Fiscalía publicó una nota de prensa dando cuenta del intercambio de correos electrónicos entre el abogado del empresario, Carlos Neira, y Salto. Pero el foco se pone en el día 13 de marzo, desde las 21:29 horas, cuando 'El Mundo' publicó: 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'; hasta las 23:51 horas, cuando la 'Cadena SER' informó en su página web de que en realidad era González Amador quien había querido pactar para evitar la cárcel, recogiendo extractos del 'email' de 2 de febrero de 2024, donde Neira lanzó su propuesta de conformidad a Fiscalía. Esto es el germen de la investigación.

Fiscales, periodistas, testigos... Todos ellos declararon, mientras la causa escala hasta el Supremo. Los indicios llevan a la nota de prensa que emitió la Fiscalía. Tras ello, el Supremo imputa al fiscal general del Estado. La UCO registra su despacho y se llevan móviles. Descubren mensajes en los que el fiscal está impaciente por tener el correo, pero esa conversación no salen del móvil del fiscal porque García Ortiz borró todo. Es otro de los indicios contra el fiscal. Hurtado, la UCO y las acusaciones señalan que lo hizo para eliminar el rastro digital de la presunta filtración. Él argumenta que hace un "borrado sistemático" al mes por seguridad.

Por el juicio desfilaron 12 periodistas. Todos rechazaron revelar la fuente, a favor del fiscal general jugó que Precedo afirmó que sabía que era "inocente", mientras que José Manuel Romero ('El País') dijo que la suya era de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Por su parte, las acusaciones cuestionan la "credibilidad" de informadores que dicen que tenían una noticia relevante entre manos, pero no la publicaron inmediatamente, sino horas y días después.

No hay rastro de los mensajes. Entre todo ello, declara ante el juez instructor, mientras defiende la actuación de la Fiscalía. "El único proósito era desmentir un bulo". Con esa justificación, mantiene el cargo. No dimite ni cuando es procesado, ni cuando abren juicio oral. Días antes, incluso, acude a la apertura del año judicial y remarca creer en la Justicia y en las instituciones.

Hubo un testimonio más que resultó interesante, aunque se desconoce si ha podido ser determinante para la sentencia, ya que de momento solo se conoce el fallo, no los argumentos del tribunal: la persona que redactó la nota de prensa de la Fiscalía declaró ante el tribunal que el texto se lo dictó el fiscal general.

Finalmente, este jueves el fiscal general del Estado ha sido condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

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