El PP condena la "irresponsabilidad" del Gobierno de conceder a Huawei la gestión de las escuchas policiales

El Partido Popular ha mostrado su rechazo ante la adjudicación de la gestión y almacenamiento de las escuchas telefónicas realizadas por orden judicial por parte del gobierno Gobierno a la compañía china Huawei. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha calificado esta decisión como una "irresponsabilidad" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede nacional del partido, Bravo ha señalado directamente al Ministerio del Interior, que firmó un contrato por valor de 12,3 millones de euros con Huawei. Según el dirigente del PP, este encargo afecta directamente a la "seguridad nacional" y "contraviene" las recomendaciones tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. "Nuestros aliados europeos y americanos advierten del alto riesgo que supone contar con una empresa china como proveedor en materiales sensibles", ha subrayado.

Desde el PP se preguntan qué ha motivado al Gobierno a tomar esta decisión, especialmente teniendo en cuenta la Ley de Inteligencia Nacional de China, que permitiría al Gobierno de Pekín acceder a información confidencial. "No entendemos qué ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión, sabiendo que la información confidencial de nuestro país podría ser utilizada por el Gobierno chino", ha advertido Bravo.

El PP pide comparecencias y acceso a los informes de ciberseguridad

Otra cuestión que ha llamado la atención de los populares es el cambio en los informes de seguridad nacional. Bravo ha recordado que en 2023 se alertaba sobre las redes de influencia de China, pero que "en 2024 y 2025 se ha eliminado toda mención" a ese país, justo después de adjudicar este contrato a Huawei.

El PP exige la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Quieren que "den explicaciones" en el Congreso y el Senado sobre lo que consideran una adjudicación de "alto riesgo".

Además, pedirán la remisión completa del expediente de contratación y de todos los informes técnicos que avalaron esta decisión. Bravo ha insistido en que es una cuestión de responsabilidad institucional y seguridad del Estado. "Si Sánchez pone en peligro los secretos del Estado, tendrá que explicar por qué y nosotros le preguntaremos dónde haga falta, Congreso o Senado", ha afirmado.

Desde el PP insisten en que no se puede "jugar con fuego" cuando se trata de ámbitos estratégicos y apelan a la "lealtad" del Gobierno con los socios europeos. Según Bravo, "no hay margen para la interpretación" en un asunto que consideran tan delicado.

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