El líder de Podemos, Pablo Iglesias

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piden que se revoquen los nuevos estatutos y la rehabilitación de Olga Jiménez

Las comisiones de garantías de Podemos se rebelan contra la dirección de Iglesias

Piden que se revoquen los nuevos estatutos aprobados y se rehabilite a la presidenta de la Comisión de Garantías estatal recién suspendida. Reclaman también una "necesaria independencia" de la dirección nacional y denuncian "las presiones sufridas".

Las comisiones de garantías autonómicas de Podemos han acordado este jueves reclamar al órgano de dirección del partido que revoque los nuevos estatutos aprobados y rehabilite a la presidenta de la Comisión de Garantías estatal, Olga Jiménez, que fue suspendida este miércoles.

Según han informado en un comunicado, este acuerdo es uno de los puntos aprobados este jueves en una reunión federal de comisiones -con representación de doce de las dieciséis autonómicas- en la que han abordado "la crisis ocasionada por la reforma de los Estatutos" del partido.

Los representantes de estas comisiones reivindican su "necesaria independencia" de la dirección nacional y denuncian "las presiones sufridas" por la Presidencia de la Comisión General de Garantías Estatales (CGDE), motivos por el que reclaman de los órganos políticos de [[LINK:EXTERNO||||||Podemos]] "un marco de respeto y colaboración".

Por eso, han aprobado una declaración en la que consideran como "nulos de pleno derecho" los estatutos aprobados y piden al Consejo de Coordinación Estatal, el órgano colegiado para las tareas de carácter político y coordinación interna, que los anule y revoque el expediente abierto contra Olga Jiménez.

Jiménez fue suspendida este miércoles como presidenta de la Comisión de Garantías estatal, que instruye un expediente contra ella por entender que se ha "excedido" en sus funciones.

Este conflicto interno en Podemos comenzó hace unos días, cuando la Comisión de Garantías propuso la nulidad de los nuevos estatutos del partido, impulsados por la dirección de Pablo Iglesias, que establecen un régimen disciplinario e incluso sanciones para quien filtre información interna al no figurar en los documentos que se aprobaron en Vistalegre II.

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