El Colegio de abogados de Madrid denunciará la filtración de la Fiscalía sobre el pacto de la pareja de Ayuso

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) denunciará la filtración de datos por parte de la Fiscalía en el comunicado sobre el pacto ofrecido por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Tal y como ha anunciado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, la denuncia se presentará por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos en relación a Alberto González Amador.

En el comunicado, la Fiscalía de Madrid explicó la secuencia de acontecimientos en torno al "pacto de conformidad" que ofreció el 2 de febrero la defensa de González Amador. La Fiscalía precisó que el propio denunciado reconoció los presuntos delitos fiscales mediante su abogado cuando propuso un pacto de conformidad y aceptaba una sanción penal. En dicha propuesta de conformidad, "reconocía la autoría de la comisión de 'dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021'", resaltaba la Fiscalía.

Desde el organismo consideran que esta actuación tiene una "gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa".

En un principio, la denuncia según ha explicado Ribón no se dirige contra nadie y persigue la "identificación completa de los autores" para "depurar responsabilidades". El Colegio ha anunciado que también presentará una denuncia por la vía administrativa para que se abra un proceso sancionador.

"Ambas denuncias persiguen la identificación completa de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades", ha subrayado el decano. Sobre las denuncias, destaca que hay dos supuestos delitos que pivotan sobre la actuación del Ministerio Público en relación al artículo 417 del Código Penal: la violación de secretos y la infidelidad en la custodia de documentos.

Vulneración del derecho de defensa

Asimismo, recalca que dicha nota supone "una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de actuación el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados".

"El derecho de defensa, al que se deben los abogados, es sagrado e inviolable: es una garantía para la sociedad, pieza básica del Estado de Derecho y un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema de justicia", ha añadido.

Desde el ICAM consideran que la nota difundida por la Fiscalía vulneró su propia normativa que "establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados, tal y como resulta del artículo 4, apartado Quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal así como el protocolo que regula los acuerdos de conformidad".

Por ello, han anunciado que hasta que no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad, se desvincula del Protocolo de Conformidades, instando a "una revisión del actual protocolo dada su inadecuación" confirme a lo sucedido al considerar que "el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado".

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