La Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación del juez Peinado a la asesora de Begoña Gómez: "Excedió claramente sus funciones"

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado este miércoles la imputación de la asesora de Begoña Gómez pedida por el juez Juan Carlos Peinado. Consideran que "excedió claramente sus funciones" y también que "pudo desviar recursos públicos a intereses privados". Estima así los recursos presentados contra el cambio de condición de testigo a investigado que aplicó el juez Peinado sobre Cristina Álvarez.

Desde la Audiencia Provincial ponen el foco en las actividades privadas de Begoña Gómez que pudo haber participado su asesora Cristina Álvarez. En concreto, comunicaciones entre Álvarez y las empresas relacionadas con la cátedra que codirigía la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si bien es cierto que el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de 'malversación', que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión, sin embargo, su connivencia o anuencia con esa conducta viene a redundar en el elemento clave de la influenciabilidad subjetiva de la conducta constitutiva de posible trafico de influencias", detallan los magistrados.

Álvarez, "al tolerar ese ilícito comportamiento, quizá no esté cometiendo un delito de malversación, que solo cabría plantear en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada, pero sí es un elemento fáctico de la máxima transcendencia a la hora de poder acreditar su solidaridad con el plan del autor, en tanto su posición institucional refuerza las posibilidad de influencia de la conducta de la principal investigada (Begoña Gómez), que se mueve en ese limbo de poder no institucionalizado".

En este sentido, razonan en la Audiencia Provincial de Madrid que "una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público respecto de lo que debieran ser sus funciones de ayuda, de mera colaboración y acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo, a la persona ligada por vínculos maritales con el presidente del Gobierno, puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados".

Concluyen que Peinado lo que debe es "centrarse" en si Álvarez "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

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