El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han cruzado este miércoles acusaciones por la "utilización" de los funcionarios a favor o en contra del proceso soberanista.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno de este miércoles en el Parlament, Arrimadas ha denunciado que el Govern "está obligando" a funcionarios de la Generalitat a presentar sus declaraciones del IRPF en la ventanilla de la Diputación de Barcelona, que posteriormente las derivará hacia Hacienda.

Según la jefa de la oposición en Cataluña, el Govern está utilizando a los funcionarios como "conejillos de indias": "Les quieren hacer partícipes de sus estructuras de Estado, los obligan a participar de su obsesión separatista".

En lugar de poner a los funcionarios "entre la espada y la pared", ha insistido, la Generalitat debe "protegerlos, pagarles cuando toque y dejarles trabajar con neutralidad".

En la réplica, Puigdemont ha exigido a Arrimadas que "deje de hacer servir a los funcionarios como arma política" y les permita "trabajar tranquilamente", porque hasta ahora los únicos que están siendo perseguidos judicialmente por el proceso soberanista son, según ha recordado, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por su papel en la organización de la consulta alternativa del 9N de 2014.

Además, ha quitado hierro al hecho de que los ciudadanos puedan presentar sus declaraciones de renta ante instituciones catalanas, que luego las trasladan a Hacienda como hace cualquier "gestoría privada".

"Ninguna administración ha obligado a nadie a nada", ha recalcado el president, que ha destacado que los funcionarios "han demostrado una capacidad de servicio admirable" y "han aguantado el sistema" en un contexto de crisis económica.