Imagen del juez Baltasar Garzón

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JUICIO A GARZÓN | POR SU GESTIÓN DE LOS CURSOS EN NUEVA YORK

La acusación popular pide cinco años de cárcel para el juez Garzón

La acusación popular en la causa abierta contra Garzón por sus cursos en Nueva York exige penas de hasa cinco años de cárcel y la inhabilitación del juez durante 30 años por considerar delictiva su actuación con respecto a estos cursos y conferencias en EEUU.

Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación popular, han presentado este lunes su escrito de calificación provisional de los hechos a petición del instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien les había dado plazo para realizar este trámite tras terminar su investigación y concluir que la conducta del juez suspendido de la Audiencia Nacional podría incardinarse en un delito de cohecho impropio.

En su escrito, la acusación incluye hasta cuatro calificaciones diferentes. En primer lugar, y en consonancia con lo señalado por Marchena, esta parte solicita para Garzón una pena de multa de 27.000 euros (30 meses de multa a 900 euros el mes) por un delito de cohecho impropio aunque en régimen continuado, al considerar que la conducta del juez supuso en realidad 7 delitos diferentes de cohecho.

Añade además esta parte en su escrito otras tres "calificaciones alternativas". Según la primera, piden para Garzón 5 años de prisión, inhabilitación para cargo público por diez años y multa del montante total de la dávida por un delito continuado de cohecho propio del artículo 419 del Código Penal (siete cohechos en relación con los patrocinios del Banco Santander); más inhabilitación por cinco años y multa por otro delito continuado de cohecho propio del artículo 421 del Código Penal (en relación con los regalos de Telefónica, BBVA, CEPSA y Endesa).

A ello suman un petición de condena de prevaricación por asumir una querella presentada en su día contra Emilio Botín "estando incurso en causa de abstención por amistad e interés con los querellados". Este último delito conlleva una pena de 15 años de inhabilitación.

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