La Abogacía del Estado desautoriza el informe de unos expertos en seguridad que la familia Franco presentó ante el Tribunal Supremo contra la negativa del Gobierno de reinhumar los restos del dictador en la cripta de la catedral de La Almudena. Ese documento, argumentan los servicios jurídicos del Estado, "es más un trabajo escolar que un trabajo pericial riguroso". En estos términos se pronuncia la Abogacía en el escrito de conclusiones presentado el pasado 2 de septiembre ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el que desacredita el escrito de conclusiones presentado por la familia Franco por alejarse, en opinión de la Abogacía, de la necesaria argumentación jurídica.

La Abogacía subraya el hecho de que en ese escrito de conclusiones, la familia Franco dedique 24 de sus 32 páginas a apreciaciones, opiniones, y declaraciones emitidas por miembros del Gobierno, y sólo emplee ocho páginas a la necesaria valoración de prueba para justificar por qué, en su opinión, debería declararse la nulidad de los acuerdos del Consejo de Ministros sobre la exhumación de Franco. Parte del escrito de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza el informe de seguridad presentado por los Franco contra el rechazo del Gobierno a reinhumar los restos del dictador en la sepultura que la familia posee a perpetuidad en la cripta de La Almudena.

En opinión de la Abogacía, este informe adolece de "falta de rigor" porque se trata de "la opinión de tres personas que se presentan como expertos en seguridad" y cae en "defectos, errores y omisiones" como basarse en fuentes de información obtenidas en la mayoría de los casos de búsquedas de internet" en lugar de recurrir a fuentes especializadas en seguridad.

En definitiva, ese informe de los Franco es parcial, "se presenta como científico y no lo es", siendo "más un trabajo escolar que un trabajo pericial riguroso". El Ejecutivo presentó en su momento un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid para justificar su rechazo a llevar los restos de Franco a La Almudena, alegando riesgos de seguridad y de orden público.

Ante la falta de acuerdo con la familia, el Gobierno dispuso que los restos del dictador, una vez sean exhumados del Valle de los Caídos, se trasladen al mismo panteón donde está enterrada la mujer del dictador en el cementerio del Pardo-Mingorrubio y que es titularidad del Estado.

El escrito de conclusiones de la Abogacía incide en que este emplazamiento de Mingorrubio no plantea problemas de seguridad dado que está alejado del centro de la ciudad, se trata de un panteón cerrado y por tanto no se presta a que se convierta en lugar de culto del dictador franquista, mientras que se preserva el derecho a la intimidad de la familia, a la que se asegura un lugar de enterramiento digno y adecuado para su abuelo.