Tribunal Supremo
Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en el Supremo en una cita en la que se juega entrar en prisión
Las acusaciones han pedido prisión pero la Fiscalía Anticorrupción no la ha pedido.
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Había intentado evitar su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente hasta el último momento. De hecho, el último movimiento lo hacía 48 horas antes de su citación, al renunciar a su abogado, algo que el juez no ha aceptado. El exministro tenía que declarar este martes a las 10:00 horas en el Tribunal Supremo con el que hasta ahora era su letrado. Sin embargo, se ha acogido a su derecho a no declarar.
El magistrado Puente revisará la situación de libertad del exministro José Luis Ábalos tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.
Esto llega en un contexto algo anómalo. El lunes renunció a los servicios de su abogado por "diferencias irreconducibles", un escenario que el magistrado no ha aceptado por considerarlo "fraude de ley". Las acusaciones han pedido prisión pero la Fiscalía Anticorrupción no la ha pedido.
Declaración clave
Era una declaración clave de cara a la vistilla que se celebrará después para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo, Ábalos tiene impuestas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado.
Con todo, Ábalos se juega entrar en prisión, una petición que ya solicitaron las acusaciones populares la última vez y que la Fiscalía estudiará en función de cómo transcurra la cita.
Es la cuarta ocasión que Puente llama al exministro a declarar. Esta vez ocurre tras el informe de la UCO que detectó gastos de 95.437 euros que provendrían de "ingresos no declarados", así como pagos en efectivo del PSOE que no cuadran con la documentación que este partido remitió al Tribunal Supremo.
El también exdirigente socialista está investigado por presuntas comisiones en adjudicaciones de contratos de mascarillas en pandemia y, en otra rama del caso que también afecta a Santos Cerdán, por supuestas mordidas en contrataciones de obra pública cuando él estaba al frente del Ministerio de Transportes.
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