La decisión del Tribunal Supremo que va a suponer un cambio en el objetivo de reducción de emisiones

Este martes, El Tribunal Supremo se enfrenta a un hecho histórico en materia climática. Hoy se va a tomar, la que ya es, la decisión climática de mayor calado en sus más de 200 años de historia, lo que podría conllevar que el Gobierno español eleve el objetivo de reducción de emisiones fijado en el Plan Nacional integrado de Energía y Clima, que se aprobó en el 2021.

Se prevé que la Sección Quinta de la Sala Tercera del Alto Tribunal, especializada en urbanismo y medio ambiente, se encargue del voto y fallo de la demanda interpuesta por Ecologistas en acción, Greenpeace y Oxfam, hace tres años, por la inactividad y falta de ambición del Ejecutivo al afrontar la crisis climática. Más tarde se sumaron al proceso, el colectivo Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el desarrollo.

El Acuerdo de París

Desde el principio, se denunció el incumplimiento de la obligación que impuso La Unión Europea, que se encargaba de aprobar antes del 2021 un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que habría recibido el visto bueno del Consejo de Ministros de 2021. Una vez aprobado, en junio de ese mismo año, se recurrió el contenido del PNIEC en lo que respecta al objetivo de reducción de emisiones para 2030 respecto a 1990, que se fijo en el 23%, y que, debe elevarse al 55%. El Incremento es necesario ya que, las organizaciones demandantes explican que con una reducción del 23% España no estaría en línea con los compromisos que se perseguían al ratificar el Acuerdo de París ni con las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

Para conseguirlo se va a intentar, entre otras cosas, que el Supremo obligue al Gobierno a revisar el objetivo de mitigación, que no puede ser inferior al 55%.

Ayuda ciudadana

Se solicita que se anule El Plan Nacional Integral de Energía y Clima y se sustituya por uno nuevo. El motivo de esta solicitud es que, durante la tramitación del primero se produjeron “deficiencias graves” en lo relacionado con participación ciudadana.

Jaime Doreste, abogado de los demandantes, "una sentencia estimatoria sería no solo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático, sino, más bien, sería un hito en el derecho español, con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental, y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos".

Entre las posibilidades aparecen un fallo estimatorio e, intentar conseguir, que el objetivo de mitigación se revise al alza, que el Supremo tenga en cuenta que no se puede determinar como tiene que ser ese objetivo, que no ha quedado acreditado. El objetivo actual comprometa derechos fundamentales de los ciudadanos.