Volkswagen es condenado a una multa de más de 2.600 millones de euros por el caso de los motores trucados

El consorcio automovilístico alemán Volkswagen ha sido condenado este viernes en Estados Unidos a tres años de libertad condicional y al pago de una multa criminal de 2.800 millones de dólares (2.641 millones de euros al cambio actual) por el caso del diésel.

Durante la audiencia mantenida este viernes en el Tribunal Federal de Detroit (Michigan), el juez Sean Cox señaló que no habrá restitución a las presuntas víctimas de este caso y aseguró que este caso es "muy serio y preocupante" que involucra a una compañía automovilística "icónica".

"Este es un caso de fraude masivo y deliberado", explicó Cox, que aprobó el acuerdo por importe de 4.300 millones de dólares (4.056 millones de euros al cambio actual) anunciado durante el pasado mes de enero que incluía la declaración de culpabilidad por parte de la compañía de tres cargos por delitos graves.

La declaración de culpabilidad de la corporación con sede en Wolfsburg (Alemania) contempla la libertad condicional organizativa de la empresa, una medida que permite a Volkswagen ser supervisada por parte de un monitor independiente por un período de tres años.

Durante la audiencia judicial, un fiscal federal confirmó que el Gobierno de Estados Unidos tiene intención de nombrar al exvicesecretario general del país Larry Thompson como supervisor independiente del caso Volkswagen.

La empresa dio la bienvenida a Thompson y aseguró que intentará cooperar al máximo con su "importante trabajo". "Hemos tomado medidas significativas para fortalecer nuestra contabilidad, para mejorar la transparencia y para construir una mejor compañía y esperamos trabajar en estrecha colaboración con el señor Thompson mientras avanzamos en el mayor proceso de cambio en la historia de Volkswagen", aseguró la responsable de Integridad y Asuntos Legales de la firma, Hiltrud Werner.

Acuerdos anteriores

En marzo, la empresa se declaró culpable de tres cargos por delitos graves, como son fraude, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, después de admitir haber instalado el software ilegal en alrededor de 580.000 vehículos en Estados Unidos.

También alcanzó un acuerdo con diez estados de Estados Unidos en relación con reclamaciones por el caso del diésel, a través del que la firma tendría que pagar 157,4 millones de dólares (148,4 millones de euros) en Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Washington.

Además, recibió en marzo la aprobación por parte de la Agencia de Protección Medioambiental del país (EPA, por sus siglas en inglés) para vender 67.000 vehículos diésel que montaban el software que alteraba las emisiones y que han sido reparados.

En total, la multinacional automovilística ha aceptado el pago de alrededor de 25.000 millones de dólares (23.584 millones de euros) en Estados Unidos con el objetivo de poner fin a las reclamaciones de los propietarios de los vehículos, de los reguladores medioambientales, de los estados y de los concesionarios y para realizar ofertas de recompra de los coches afectados.