El Gobierno cambia el listín telefónico en papel por una guía electrónica

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy un Real Decreto que desarrolla el reglamento de acceso a la banda ancha universal de 1 megabit por segundo (Mbps), principio recogido en el artículo 52 de la Ley de Economía Sostenible, según ha informado el Ministerio de Industria en un comunicado. Además, el nuevo reglamento suprime la obligación para el operador de entregar las guías telefónicas en papel, siempre que el abonado no solicite lo contrario.Ahora, se deberán repartir por correo electrónico.

La prestación del servicio saldrá a concurso público
La normativa regula todos los servicios de telecomunicaciones que tienen carácter universal, es decir, aquellos que el ciudadano tiene derecho a recibir: servicio telefónico, banda ancha a 1 Mbps, guías telefónicas, cabinas y consulta de números. La convocatoria del proceso de licitación de estos servicios, así como la aprobación de los pliegos de las operadoras, comenzarán cuando el texto legal entre en vigor, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hasta ahora, el servicio universal lo ofrece Telefónica y se financia por todos los operadores pero, después de la aprobación de este reglamento, la prestación de este servicio se hará por concurso público y se mantendrá la financiación a cargo del sector.

Los operadores que se encargarán de proveer del servicio de banda ancha universal se designarán antes del final de este año. El Real Decreto aprobado contempla que el operador que dé el servicio universal tendrá que satisfacer las solicitudes de conexión a la red por parte de los ciudadanos en un plazo de 60 días, con una velocidad media de conexión de al menos 1 Mbps en cualquier período de 24 horas. No obstante, el usuario tendrá derecho a contratar conexiones con una velocidad inferior a la de la banda ancha.

Se reducen las cabinas telefónicas
El Real Decreto modifica las cuotas de cabinas telefónicas por municipio, adecuándolas al "uso decreciente de este servicio". Así, el mínimo será de un teléfono público de pago por localidad en los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado y de un teléfono público adicional por cada 3.000 habitantes en los núcleos con más de 1.000 personas. El reglamento establece que será obligatorio el servicio universal en los edificios utilizados como residencia habitual, incluso si éstos no están en suelo urbano.