El Gobierno ha incautado ya a las concesionarias de las autopistas de peaje en quiebra garantías de construcción y explotación que habían aportado por importe de 250 millones de euros, ha anunciado en el Senado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la sesión de control.
En respuesta a una pregunta de la senadora Vicenta Jiménez, de Unidos Podemos, De la Serna ha explicado que esos fondos han pasado "directamente" al Tesoro.
El ministro ha reiterado que Fomento no licitará los tramos exentos de peaje de las autopistas en quiebra, como la M-50 de Madrid. De la Serna ha indicado que el coste de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) se fijará por separado en cada concesión, seis meses después de que revierta al Estado.
El titular de Fomento ha reiterado también que el objetivo del Gobierno es garantizar la prestación del servicio en las autopistas quebradas y absorberlas para iniciar un nuevo proceso de licitación, con el que se esperan ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros, lo que permitirá -ha dicho- reducir los costes derivados de la RPA.
El ministro ha recalcado que "no hay rescate" y que se trata de un "proceso de liquidación judicial" que, de acuerdo con la ley, debe conducir a la reversión de las autopistas a su titular, en este caso el Estado.
La senadora de Unidos Podemos ha acusado al Gobierno de "socializar las pérdidas y privatizar las ganancias" y ha asegurado que el "rescate" a las autopistas de peaje "se va a pagar desde los bolsillos de los españoles". "La ciudadanía está harta de pagar los negocios ruinosos de los amigos del PP", ha dicho. Vicenta Jiménez ha preguntado "cuánto va a costar la broma" y si las empresas que gestionaban hasta ahora las concesiones podrán presentarse a la nueva licitación.
