España pagará 540 millones por la nueva tasa a plataformas chinas: qué es, a quién afecta y por qué genera polémica

Comprar una camiseta por tres euros o un funda del móvil por menos de cinco dejará de ser tan barato. A partir de julio, los consumidores españoles pagarán una nueva tasa por los pedidos de bajo coste procedentes de plataformas chinas como Shein, Temu o AliExpress. Una medida impulsada por la Comisión Europea que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, supondrá un impacto de 540 millones de euros anuales en España, una cifra que, en la práctica, recaerá sobre los compradores.

¿Cuánto aumentará?

El gravamen será de tres euros por paquete para los envíos con un valor inferior a 150 euros procedentes de países terceros. La Comisión Europea defiende que el objetivo es reforzar los controles aduaneros, garantizar la seguridad de los productos y evitar la competencia desleal frente a empresas europeas que sí cumplen con las normas fiscales, laborales y medioambientales.

Somos líderes en estas compras

España es uno de los países más afectados por esta medida. Somos líderes en la Unión Europea en compras de este tipo de productos y concentramos alrededor del 34% de los pedidos online procedentes de plataformas asiáticas. Solo en 2024 llegaron a Europa 4.600 millones de paquetes de comercio electrónico, una cifra que se ha disparado desde la pandemia y que ha puesto en jaque los sistemas de control aduanero.

Bruselas pone el foco especialmente en Shein, Temu y AliExpress, a las que acusa de aprovecharse durante años de la exención arancelaria para paquetes baratos. Según asociaciones de consumidores europeas, solo el 65% de los artículos analizados cumple las normas comunitarias, y el 25% presenta riesgos potenciales para la seguridad.

Polémica

Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. La patronal de la distribución en España advierte de que el nuevo impuesto perjudicará directamente al consumidor, ya que serán los clientes quienes asuman el sobrecoste. Además, consideran que la solución no pasa por crear una nueva tasa, sino por reforzar los controles en frontera y hacer cumplir la legislación existente.

Desde el Ministerio de Consumo y la Comisión Europea se insiste en que la tasa es solo una parte de un plan más amplio, que incluye el despliegue de más inspecciones, investigaciones sobre prácticas desleales y posibles sanciones a las plataformas que incumplan las normas. El mensaje es claro: el comercio electrónico debe jugar con las mismas reglas para todos.

El debate está servido. Para algunos, la tasa es un paso necesario para proteger a los consumidores y al tejido empresarial europeo. Para otros, supone un nuevo golpe al bolsillo en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Lo que parece indiscutible es que la era del “todo a un euro” importado desde China empieza a tener letra pequeña. Y esa letra pequeña, al menos en España, tiene ya una cifra concreta: 540 millones de euros al año.

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