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LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

España pondrá fin a los coches gasolina y diésel en 2040

El borrador de la ley de cambio climático y transición energética, que ha enviado el Gobierno a los partidos políticos, recoge la prohibición de matricular y vender en España turismos y coches comerciales de combustión en 2040 y en el año 2050 su circulación.

El Gobierno estudia una propuesta que contempla la prohibición de la matriculación de vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2) más allá de 2040, entre los que se incluyen modelos tanto diésel como de gasolina y también híbridos.

Entre las propuestas del Ejecutivo también destacan la creación de un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollarán las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040 y el fin de los subsidios económicos a energías fósiles.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que desde este martes se trasladará a los grupos parlamentarios y sectores interesados. El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

En concreto, fuentes ministeriales han señalado que el objetivo planteado es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado de la Unión Europea para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 20 por ciento, respecto a 1990.

Esto es que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un documento holístico que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que, al menos el 20 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.(

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