Continúa con su cruzada reguladora

Baleares obligará a los "grandes poseedores" de viviendas a cederlas si llevan dos años vacías

Baleares ha aprobado una nueva ley que obliga a los propietarios de más de diez casas a cederlas al Gobierno regional cuando lleven dos años cerradas. El texto prevé crear un cuerpo de inspección, tanto para detectar viviendas vacías como usos irregulares de las viviendas de protección oficial y otras infracciones, e incluye medidas para potenciar el alquiler social.

Vista de la maqueta de una promoción de viviendas en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA)

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El Parlament balear ha aprobado la Ley de Vivienda de Baleares, una de las iniciativas estrella del Govern en esta legislatura, que incluye una enmienda para ampliar el Centro Internacional de Tenis Rafael Nadal y permitir su uso turístico, lo que ha suscitado abiertas críticas de Podemos y los econacionalistas de MÉS.

Se trata de la primera Ley de Vivienda que tiene las Islas Baleares, que ha salido adelante con el apoyo mayoritario de los partidos de izquierdas y la oposición del PP, mientras que la "enmienda Nadal" ha sido aprobada con los votos del PSOE, PP, Cs y los regionalistas del PI, con el voto contrario de Podemos y MÉS.

El diputado del PP Rafael Nadal, tío del tenista, ha decidido ausentarse y no votar esta ley que recoge la enmienda referida a las mejoras del centro de su sobrino en Manacor.

La nueva ley de la vivienda de Baleares obligará a los "grandes poseedores" de viviendas -sociedades y empresas, no particulares- a cederlas si llevan dos años vacías con el fin de hacer frente a una "necesidad objetiva de dificultad" de acceso a la misma.

El texto prevé crear un cuerpo de inspección, tanto para detectar viviendas vacías como usos irregulares de las viviendas de protección oficial y otras infracciones, e incluye medidas para potenciar el alquiler social.

Por otra parte, para garantizar la existencia suficiente de viviendas de protección oficial en Baleares, todas las nuevas promociones mantendrán "para siempre" su calificación de VPO, de forma que nunca se podrán vender por encima del precio que se establezca.

Además, la ley reconoce el derecho de acceso a la vivienda en situación de especial vulnerabilidad y, por tanto, la obligación de la administración pública a garantizarla. Por tanto, se deberán facilitar viviendas públicas de alquiler social o ayudas a aquellas personas que las necesitan para acceder a una vivienda.

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