Publicidad
EN FUERTEVENTURA
El PP lleva al alcalde de La Oliva ante la Fiscalía
Denuncian que González Arroyo se niega a abandonar el cargo pese a estar inhabilitado
El caso de González Arroyo está a partir de hoy en manos de la Fiscalía. El Partido Popular de Fuerteventura acaba de presentar una denuncia por un posible delito de usurpación de la función pública por parte del ya excalcalde, que se resiste a abandonar el cargo, a pesar de que ya hay un alcalde sustituto. González Arroyo está inhabilitado por la justicia pero continúa al frente de la Alcaldía y no tiene pensado abandonarla.
Hoy Nueva Canarias ha tachado esta situación de esperpéntica aunque de momento no se plantean llamar la atención a esos dos concejales que han dado aliento a González Aroyo acudiendo al pleno. El alcalde rebelde no piensa dar el brazo a torcer en su reto al Estado. Domingo González Arroyo, inhabilitado durante nueve años por prevaricación desobedece a la Junta Electoral, que le retiró la credencial y anuncia un recurso contencioso administrativo contra la Delegación del Gobierno.
En julio fue condenado por prevaricación a 9 años de inhabilitación. Y por esa razón el 17 de noviembre la Junta Electoral le retiró su credencial y la Delegación del Gobierno dio 10 días de plazo para nombrar a otro alcalde. En el pleno del 23 de diciembre se nombró a Pedro Amador.
Aun así González Arroyo desobedece la orden del Estado y se encierra en el que que ya no era su despacho. Ahí se da la primera paradoja porque el exalcalde asegura haber firmado una orden de destitución del alcalde. González Arroyo también impidió que se celebrara un pleno convocado por Amador. Y ayer se produjo la segunda paradoja: El exalcalde convocó un pleno. Pero lo más insólito es que los concejales de Coalición Canaria y de Nueva Canarias asistieron.
Y a pesar de la posición del presidente de Nueva Canarias, este partido no tomará medidas disciplinarias porque...
Domingo González justificó el pleno de ayer porque había que aprobar unas subvenciones antes de que acabase el año. Pero el PP, PSOE y Votemos La Oliva consideran que fue ilegal. El asunto está ahora en manos de la Fiscalía.
Publicidad



















