CON DISCAPACITADOS, MENORES E INMIGRANTES

CON DISCAPACITADOS, MENORES E INMIGRANTES

Los Defensores del Pueblo revelan carencias en el sistema de Urgencias

A través de un estudio titulado 'Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes', las instituciones españolas de defensores del pueblo reconocen "carencias" en las Urgencias para atender a discapacitados, "dificultades" para atender a inmigrantes irregulares y la incompatibilidad entre plataformas de distintas comunidades, entre otros problemas.

Los Defensores del Pueblo han denunciado los problemas que actualmente tienen los discapacitados, enfermos mentales, menores e inmigrantes en situación irregular en los servicios de urgencias hospitalarias, tal y como queda recogido en el estudio 'Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes'. El estudio, presentado este lunes, ha sido elaborado conjuntamente por las instituciones españolas de defensores del pueblo: Defensor del Pueblo; Defensor del Pueblo Andaluz; Síndic de Greuges de Catalunya; Valedor do Pobo (Galicia); Diputado del Común (Canarias); Ararteko (País Vasco); El Justicia de Aragón; Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; Procurador del Común de Castilla y León y Defensor del Pueblo de Navarra.

Antes de ahondar en los pacientes, el informe critica que siga sin estar reconocida la especialidad médica de Urgencias y Emergencias porque, a su juicio, perjudica la atención que reciben los pacientes y hace que estos profesionales no tengan delimitado el alcance de sus competencias clínicas. Además, prosigue, hace que los médicos residentes tengan que asumir un grado "excesivo" de responsabilidad en la actividad asistencial de estos servicios.

Del mismo modo, el estudio señala que la formación de los expertos sanitarios sobre los aspectos éticos relacionados con la voluntad de las personas es "insuficiente" ya que, tal y como avisa, el consentimiento del paciente no siempre está precedido de la información "adecuada" para que éste pueda adoptar "libremente" una decisión sobre un procedimiento terapéutico o diagnóstico.

A todo ello se suma, según muestra el trabajo, el "alto contenido técnico" de algunos modelos para la prestación de consentimiento informado, lo que hace que la atención a personas discapacitadas se resienta. En este sentido, la Defensora del Pueblo destaca la necesidad de realizar documentos específicos para la prestación del consentimiento adaptados a las necesidades "especiales" de cada uno de los colectivos.

Asimismo, subraya la importancia de que los métodos de traije implantados en "buena parte" de los servicios de urgencias hospitalarias incluyan, en el caso de los pacientes pediátricos, personas mayores, enfermos mentales o discapacitados información "no estrictamente clínica" que ayude a la "mejor" asistencia a estos usuarios. A este respecto, el informe advierte de que la atención a estos pacientes en las área de Urgencias requiere profesionales formados de manera "específica" en el trato y en los requerimientos asistenciales de cada uno de ellos.

"Las personas con discapacidad, especialmente los afectados por discapacidades sensoriales, ven frecuentemente limitada su capacidad de interlocución en estos servicios, por la carencia de medios adecuados de comunicación. También, persisten carencias significativas sobre accesibilidad y disponibilidad de material adaptado", apostilla.

En el caso de las personas mayores, en el estudio se aboga por mejorar la coordinación entre los servicios de urgencias hospitalarias y los servicios extrahospitalarios para evitar la "innecesaria" polimedicación, y destaca la necesidad de imponer la identificación previa de las necesidades de estas personas para gestionar su atención sanitaria en los niveles "más próximos a su entorno". Ahora bien, pese a ello, alerta del bajo nivel de notificaciones de incidencias por parte de los pacientes en estos servicios, achacándolo a la "falta" de sensibilización en materia de seguridad y al temor a posibles consecuencias jurídicos.

Si se analiza la atención que reciben en estos servicios los inmigrantes en situación irregular, la Defensora del Pueblo avisa de que este derecho que tienen reconocido en la ley en ocasiones se ve "dificultado" por prácticas administrativas que general "inquietud" y tienen "efectos disuasorios". En este punto, insiste en la importancia de mejorar la formación de los profesionales sanitarios, "evitar" la emisión "prematura" de compromisos de pago y facturas y, al mismo tiempo, buscar que la constatación de la falta de residencia legal pueda realizarse de manera "ágil" a través de los servicios de trabajo social de los propios centros.

Dicho esto, recuerda que el alta médica "no debe confundirse" con el alta de Urgencias, por lo que asegura que la asistencia sanitaria prestada a este colectivo debe prolongarse "más allá" de la actuación de urgencias y hasta que se resuelvan los problemas que dieron lugar a dicha urgencia.

Por otra parte, el informe muestra el "escaso" avance que se ha producido en la incorporación de estándares homologados de diseño y distribución de espacios, así como en dar valor a las propuestas planteadas por los profesionales de los propios servicios y representantes de los pacientes. También, avisa de que el establecimiento de dependencias en las que permanecen los pacientes en espera de hospitalización no deben considerarse un sistema "eficaz" porque la permanencia allí de los enfermos con indicación de ingreso "perturba" la gestión del servicio.

Además, lamenta que aún no se haya completado la implantación de la historia clínica electrónica y la compatibilidad entre las plataformas TIC de los servicios sanitarios de las distintas comunidades autónomas, y recuerda que los esfuerzos que realizan las autonomías en este sentido deben ir acompañados de herramientas "eficaces" de coordinación, cuyo impulso corresponde al Gobierno.

Del mismo, apuesta porque sean los cuadros de mando quienes establezcan los tiempos y fases de atención al paciente en Urgencias porque, a su juicio, facilitaría una atención "más eficaz". "Las aplicaciones informáticas implantadas en la mayoría de los centros no tienen en cuenta los requerimientos específicos de la atención urgente, y son percibidas por el personal como una tarea añadida más que como un apoyo a su función. Las dificultades de manejo de algunas de estas aplicaciones pueden incrementar los riesgos para la actividad asistencial", apostilla.

Asimismo, el informe advierte de que la presencia y suficiencia de profesionales adecuados debería estar "garantizada" en todas las franjas horarias y lamenta que las listas de espera ocasionen "frecuentes desajustes" entre la programación de la actividad especializada y las demandas de hospitalización provenientes de los servicios de Urgencias. Por este motivo, aconseja introducir en la práctica hospitalaria prioridades orientadas hacia la optimización de la gestión de camas, para lo que, a su entender, también habría que tener en cuenta a los responsables de Urgencias por su "capacidad" para anticipar la demanda previsible.

"Si se atiende a pacientes de una comunidad autónoma distinta existen dificultades para acceder a su historia clínica y, desde ésta, a la declaración de voluntad anticipada. La situación de saturación de las Urgencias incrementan el riesgo de error humano y el aumento de la morbimortalidad", son otros de los problemas detectados por la organización.

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