El discurso del presidente del Parlament, Roger Torrent, en un acto solemne en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) ha provocado que se levantaran de sus asientos y se apartaran momentáneamente varios asistentes.
Algunos de los que han protestado así son el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC,) Jesús María Barrientos; el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio; el fiscal jefe de Catalunya, Francisco Bañeres; la fiscal jefa de Barcelona, Concepción Talón, y el exdecano del Icab Eugeni Gay.
Torrent había dicho poco antes que en los últimos meses hay una regresión de derechos y libertades fundamentales especialmente en Cataluña; ha añadido textualmente que hay presos políticos por delitos inexistentes; que la separación de poderes está en peligro; y ha elogiado la labor de la Comisión de Defensa del Icab.
En su intervención, Torrent ha criticado al poder judicial y ha afirmado que se vulneran derechos como la libertad de expresión, reunión, manifestación, intimidad y defensa, así como de los derechos políticos fundamentales.
Ha lamentado que "la voluntad de las urnas no se puede materializar" porque los tribunales a instancias del Gobierno central no lo permiten, y ha asegurado que hay presos políticos acusados de delitos inexistentes. Y ha añadido que esta sesión solemne tiene lugar en un "contexto anómalo por la situación política" en las instituciones catalanas, intervenidas por el Estado, y por la situación de la Justicia.
Los que se han levantado para irse de la sala han vuelto a sus sillas justo después del discurso de Torrent, cuando ha cerrado el acto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha apuntado posteriormente que el presidente del Parlament se ha "equivocado profundamente" al hacer este discurso crítico.
Cree el ministro que en un foro de este tipo "no tocaba" hacer política. Ha explicado que él no ha abandonado su sitio por respeto al Icab pero que todos estaban muy "incómodos" porque se estaban haciendo afirmaciones falsas al decir ante jueces, fiscales y abogados que en España no hay estado de derecho.
